Un nutrido grupo de madres y padres pertenecientes al colectivo Volvamos a Clases Perú se congregó en los exteriores de la sede del Ministerio de Educación (Minedu) para manifestar su rotundo rechazo a la implementación de la educación remota. La medida, adoptada por el Gobierno como respuesta a la crisis energética generada por la deflagración en el ducto de Camisea, ha despertado el fantasma de las dificultades vividas durante la pandemia, motivando a las familias a exigir que se garantice la presencialidad.
El reclamo por un servicio esencial
Norma Correa, vocera del colectivo, señaló que la educación debe ser tratada bajo los mismos estándares que el sistema de salud, especialmente en contextos de racionamiento de recursos. Según argumentan los manifestantes, la virtualidad obligatoria no reemplaza la interacción directa en el aula y representa una carga logística insostenible para miles de familias que no cuentan con la conectividad necesaria ni con dispositivos tecnológicos suficientes para cada hijo. Para el grupo, la presencialidad es un derecho que debe protegerse por encima de las restricciones energéticas actuales.
Impacto pedagógico y respaldo docente
Durante la movilización, diversos docentes se sumaron al reclamo advirtiendo que el aprendizaje presencial es fundamental para el desarrollo de habilidades sociales, el trabajo en equipo y el acompañamiento emocional. Los padres recordaron que los años de educación virtual durante la crisis sanitaria del 2020 dejaron brechas de conocimiento que aún no terminan de cerrarse, por lo que una nueva interrupción del servicio educativo presencial podría agravar la crisis de aprendizaje en el país.
Pedido urgente al Ejecutivo
El colectivo instó a la presidenta del Consejo de Ministros y al titular de Educación a evaluar alternativas que permitan mantener las escuelas abiertas, sugiriendo que las instituciones educativas sean consideradas servicios críticos en los planes de contingencia nacional. Los representantes de Volvamos a Clases Perú aseguraron que permanecerán vigilantes ante las decisiones del Gobierno, subrayando que la falta de previsión en el sector energético no debe ser pagada con el retroceso educativo de niñas, niños y adolescentes.