La Choza Náutica de Santa Anita, uno de los restaurantes más conocidos del distrito, anunció el cese de sus operaciones tras denunciar públicamente a la Municipalidad de Santa Anita por presuntas exigencias de pagos irregulares para poder operar. El establecimiento afirmó que funcionarios municipales habrían solicitado de forma reiterada “cupos por eventos” y donaciones, además de imponer trabas administrativas que terminaron afectando la viabilidad del negocio.
A través de un comunicado, el restaurante sostuvo que la relación con la autoridad edil se volvió insostenible debido al incremento progresivo de requerimientos económicos y obstáculos en los trámites para licencias y autorizaciones. Según su versión, cada intento de regularización venía acompañado de nuevas exigencias, supuestamente condicionadas al cumplimiento de pedidos de dinero o favores.
Acusaciones contra el área de Fiscalización
La empresa señaló directamente a la Subgerencia de Fiscalización como el área utilizada para ejercer presión y ejecutar clausuras cuando no se cumplían las supuestas exigencias.
“La Subgerencia de Fiscalización es el bastión extorsivo para clausurar cuando no se hace la voluntad del alcalde”, indicó el restaurante, al explicar que su capacidad de operación quedó sujeta a la discrecionalidad de las autoridades municipales.
En su pronunciamiento final, la Choza Náutica cuestionó duramente la gestión local y aseguró que el clima generado por estas prácticas desalienta la inversión privada en el distrito. “Nos vamos, pero con la frente en alto, ya que Santa Anita no merece un alcalde y funcionarios que quiebren empresarios”, sostuvo.
Municipalidad de Santa Anita rechaza las denuncias
Frente a estas acusaciones, la Municipalidad de Santa Anita emitió un comunicado en el que rechazó “tajantemente” las denuncias del restaurante, calificándolas de “maliciosas”. Según la versión oficial, la intervención municipal respondió a la detección de una licencia de funcionamiento y un certificado ITSE presuntamente falsificados.
La comuna señaló que el funcionamiento del local representaba un riesgo para la vida y la salud de los asistentes, motivo por el cual se adoptaron acciones administrativas, legales y penales. Asimismo, anunció que iniciará acciones legales por difamación y uso indebido de información contra el establecimiento.
Restaurante anuncia difusión de pruebas
Lejos de dar por cerrado el conflicto, la Choza Náutica Santa Anita anunció que hará públicas pruebas para sustentar sus denuncias. En un nuevo comunicado difundido el 6 de enero, la empresa aseguró que revelará fotos, videos y audios que evidenciarían presuntos actos de coacción por parte de funcionarios municipales y personas allegadas a la actual gestión.
Además, el restaurante denunció que la situación se agravó tras una transmisión en vivo realizada por el alcalde, en la que, según afirma, se emitieron comentarios que afectaron su imagen pública.
Señalamientos a funcionarias municipales
El 30 de diciembre, la empresa difundió presuntas capturas de chats y documentos que involucrarían a María Esther Aguilar Sacio, subgerente de Gestión de Riesgo de Desastres e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, y a Nelly Luz Arias Evaristo, subgerente de Serenazgo, Fiscalización y Transporte.
Según la denuncia, Aguilar habría solicitado el pago de 400 soles a un proveedor de canastas navideñas, mientras que Arias habría dispuesto la clausura del local de manera arbitraria cuando no se cumplían los requerimientos exigidos. La empresa sostiene que estas decisiones respondían a órdenes directas del alcalde.
Finalmente, la Choza Náutica convocó a otros empresarios del distrito que se consideren afectados por situaciones similares a sumarse a las acciones legales, con el objetivo de visibilizar lo que consideran un patrón de hostigamiento institucional en Santa Anita.