El pasado 12 de diciembre se realizó la ceremonia de inauguración de tres nuevas aulas en la Institución Educativa N.° 30561 “Leoncio Prado Gutiérrez”, ubicada en el distrito de Huertas, provincia de Jauja, región Junín. La obra forma parte del Proyecto de Construcción de Aulas ejecutado por la ONG Organismos para el Desarrollo Integral Sostenible (ODEINS), con financiamiento del Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC) del Gobierno del Japón.
El acto contó con la participación de autoridades educativas y locales, entre ellas el presidente de ODEINS, Amado Castillo Cano; el director de la UGEL Jauja, Dennis Mucha Montoya; el juez de paz del distrito de Huertas, Erik Hualy; la directora del plantel, María Teresa Hinostroza Huaccho; el presidente de la Asociación de Padres de Familia, Moisés Béjar Alanya; así como la consejera de la Embajada del Japón y jefa de misión adjunta, Furukawa Kayoko.
Gracias a un aporte de US$ 87,308 provenientes de la cooperación japonesa, se logró la construcción de tres aulas destinadas al nivel primario. La institución educativa atiende a niños y niñas de familias de escasos recursos económicos del distrito, por lo que la nueva infraestructura permitirá mejorar significativamente las condiciones de enseñanza y aprendizaje.
Durante su intervención, la consejera Furukawa destacó que el proyecto representa más que la entrega de infraestructura. “Es una inversión para el futuro. La educación primaria es la base del desarrollo de la sociedad y de la vida de cada persona”, señaló. Asimismo, recordó que desde 2002 el Programa APC y ODEINS han ejecutado 19 proyectos en el país, de los cuales 14 se desarrollaron en la región Junín.
La representante de la Embajada del Japón subrayó también la importancia del compromiso de la comunidad educativa para asegurar la sostenibilidad del proyecto. “Hoy no termina este proyecto, hoy empieza. Su éxito dependerá del esfuerzo conjunto de quienes lo utilizan y lo cuidan”, afirmó.
El Programa APC del Japón se implementa en el Perú desde 1989 y ha financiado más de 430 proyectos comunitarios en todo el país, con una inversión que supera los US$ 31 millones. Su enfoque está orientado a beneficiar a comunidades rurales y de bajos recursos, atendiendo necesidades básicas de manera rápida y práctica, y promoviendo la participación comunitaria para mejorar la calidad de vida.