El congresista Wilson Soto), de Acción Popular, reconoció que conversó sobre la posibilidad de asumir un ministerio en el marco de las elecciones internas que enfrentaron a Maricarmen Alva) y el presidente José María Balcázar). Sin embargo, negó de forma categórica que haya existido una negociación política o un intercambio de favores a cambio de su voto. “No veo nada malo en conversar sobre un ministerio”, afirmó en entrevista con Canal N).
Soto sostuvo que su respaldo a Alva respondió exclusivamente a su militancia partidaria. “Soy un hombre leal al partido”, declaró, al tiempo que insistió en que su voto nunca estuvo en duda ni supeditado a cargos futuros. Según explicó, no hubo acuerdos formales ni compromisos cerrados, y las conversaciones se dieron en un escenario preliminar, cuando ni siquiera estaba definida la elección interna.
Conversaciones previas y aspiraciones personales
El parlamentario admitió que uno de los sectores mencionados fue el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aunque también se habló, de manera general, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Soto explicó que su interés en el sector agrario está vinculado a su historia personal y familiar. “Vengo del campo”, señaló, al justificar que la conversación no respondía a ambiciones personales sino a afinidades con determinadas áreas de gestión pública.
En ese sentido, precisó que Maricarmen Alva le comentó que, de llegar al Ejecutivo, convocaría perfiles técnicos para integrar su eventual gabinete. “No se trató de una exigencia ni de una condición”, insistió Soto, quien buscó marcar distancia de cualquier interpretación que sugiera un trueque político.
Críticas desde el propio Congreso
Durante el mismo espacio televisivo, el congresista Jorge Marticorena) cuestionó la naturalización de este tipo de diálogos. A su juicio, el país necesita mayor desprendimiento por parte de la clase política. “Las aspiraciones pueden ser legítimas, pero no deben anteponerse al interés colectivo”, sostuvo.
Marticorena advirtió que condicionar decisiones políticas a expectativas personales erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. En esa línea, defendió su salida de Perú Libre y su incorporación a APP, asegurando que responde a sus electores y no a acuerdos “bajo la mesa”. Según afirmó, el actual contexto exige responsabilidad política y resultados concretos, no repartijas de poder.
Gabinete en suspenso y voto de confianza
Consultado sobre el nuevo gabinete ministerial, Wilson Soto evitó adelantar una posición respecto al voto de confianza. Indicó que primero es necesario escuchar las propuestas del Ejecutivo antes de definir una postura. “No puedo tomar una decisión sin conocer el planteamiento”, señaló, remarcando que el presidente del Consejo de Ministros debe tener margen para conformar su equipo.
En relación con la no juramentación de Hernando de Soto, Soto calificó el episodio como “extraño”, considerando que el economista ya había presentado públicamente una lista de ministros. El hecho, dijo, contribuye a la percepción de improvisación en un escenario político ya marcado por la incertidumbre.
Prioridades: seguridad y emergencias
Tanto Soto como Marticorena coincidieron en que, a pocos meses del cierre del mandato, el Ejecutivo debe concentrarse en tres frentes clave: seguridad ciudadana, atención de desastres naturales y garantía de elecciones transparentes. Marticorena subrayó que la lucha contra la inseguridad no puede recaer únicamente en el Ministerio del Interior, sino que debe asumirse como una política nacional que involucre al Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y los gobiernos subnacionales.
Asimismo, mencionó que episodios recientes, como la interrupción de la Panamericana Sur y los daños ocasionados por las lluvias en regiones como Ica, evidencian fallas estructurales en la capacidad de respuesta del Estado. “No se trata solo de reaccionar, sino de prevenir”, apuntó.
El trasfondo político
Las declaraciones de Wilson Soto reabren el debate sobre los límites entre el diálogo político legítimo y la negociación de cargos en contextos de alta fragilidad institucional. Aunque el congresista insiste en que no hubo condicionamientos, el solo reconocimiento de estas conversaciones refleja una práctica recurrente en la política peruana: la informalidad como antesala del poder.
En un Congreso con baja credibilidad y un Ejecutivo en constante tensión, el episodio se suma a una larga lista de controversias que alimentan la desconfianza ciudadana. Conversar no es delito, como sugiere Soto; el problema, para muchos, es cuándo la conversación deja de ser política y empieza a parecer reparto.