La discusión sobre la detención de requisitoriados durante procesos electorales ha cobrado relevancia en Perú. El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ha manifestado su preocupación sobre un grave vacío en la actual legislación electoral. Debido a que este podría permitir que personas con órdenes de captura, como el prófugo Vladimir Cerrón, emitan su voto sin ser detenidos.
La Ley Orgánica de Elecciones establece que “ninguna autoridad puede detener o reducir a prisión el día de las elecciones, ni 24 horas antes, a los ciudadanos capacitados para votar, salvo en caso de flagrante delito.” Esta normativa ha generado debate sobre su eficacia y las implicaciones que tiene para la justicia.
Caso Vladimir Cerrón: propuesta de modificación de la ley electoral
Gutiérrez ha propuesto un proyecto de ley que busca modificar el artículo 343 de la Ley Orgánica de Elecciones. La idea es facultar a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que pueda detener a requisitoriados el mismo día de las elecciones, garantizando que, en lo posible, puedan ejercer su derecho al voto antes de ser aprehendidos.
El defensor del Pueblo argumenta que la restricción actual ha facilitado que muchos requisitoriados evadan la justicia alegando su derecho a participar en el proceso electoral. “La ley existe hoy y dice que ningún elector debe ser detenido en el proceso electoral, ningún requisitoriado”, afirmó Gutiérrez en una entrevista reciente.
Implicaciones para el sistema electoral
Hasta septiembre de 2025, la PNP tenía registradas 107.039 personas con requisitoria vigente. Si la propuesta de ley es aprobada, se estima que podrían llevarse a cabo aproximadamente 103.285 capturas en futuros comicios, lo que destaca la magnitud del problema.
La propuesta incluye asegurar que las detenciones se realicen solo después de que los individuos hayan votado. Esta modificación proporcionaría a la policía las herramientas necesarias para combatir la criminalidad de manera efectiva, al tiempo que se respeta el derecho al sufragio.
Además, el defensor del Pueblo ha sido claro al señalar que detallar los procedimientos de captura durante elecciones no significa violar derechos. “Estamos diciendo que si bien dejen votar, el señor tiene la condición de requisitoriado y ya no se le debe soltar”, agregó.
Amicus curiae en caso Vladimir Cerrón
En medios de esta discusión, Gutiérrez también se ha referido a la figura del amicus curiae ante el Tribunal Constitucional en casos que involucran líderes políticos como Vladimir Cerrón. Aclaró que la Defensoría del Pueblo no busca influir en los procesos electorales, sino que entrega informes técnicos que abordan vulneraciones a derechos fundamentales.
Desde la Defensoría, se considera que la intervención en estos casos se basa en un marco jurídico. La cual protege a la ciudadanía, tanto a comunidades como a individuos. “El amicus no es un alegato de defensa jurídica, es un informe técnico jurídico que involucra todo un análisis fundamentado en la Constitución”, subrayó.
Así, la conversación en torno a la modificación de la Ley Orgánica de Elecciones y las facultades de la PNP continúa generando controversia, reflejando la complejidad del sistema judicial y electoral en Perú.