A solo horas de la asunción de José María Balcázar como presidente interino, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ha fijado una postura agresiva desde la clandestinidad. El exgobernador de Junín, quien lleva más de 866 días prófugo, utilizó sus redes sociales para dictar lo que considera debe ser la primera gran decisión del Ejecutivo: la destitución inmediata del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola Delgado.
“El nuevo presidente de la República debe combatir la inseguridad ciudadana empezando por la baja de Óscar Arriola, quien demostró un manejo totalmente ineficiente”, sentenció Cerrón. Esta exigencia no es casual; Arriola ha sido uno de los rostros más visibles de la institución en la promesa de capturar al dirigente marxista, asegurando en reiteradas ocasiones que los equipos de inteligencia estaban tras sus pasos.
Un pulso político desde la sombra
La paradoja del escenario actual es evidente: mientras la PNP, bajo el mando de Arriola, mantiene una orden de captura vigente contra Cerrón, el líder del partido de gobierno interviene activamente en la agenda pública, sugiriendo cambios en la alta jerarquía de sus propios perseguidores. Esta situación expone una brecha crítica entre el discurso institucional y la efectividad de las capturas de alto perfil.
Además de la presión sobre la seguridad, Cerrón proyectó una «doble derrota» para Fuerza Popular y Renovación Popular en las elecciones de abril de 2026, sugiriendo que el ascenso de Balcázar —también miembro de Perú Libre— es el preámbulo de una consolidación de su corriente política.
Ofensiva legal en el Tribunal Constitucional
En paralelo a los mensajes políticos, el entorno de Cerrón ha activado un nuevo frente en el Tribunal Constitucional (TC). Su abogado, Humberto Abanto, junto a la madre del dirigente, presentaron un hábeas corpus para revocar la prisión preventiva dictada en el marco del caso Antalsis.
La defensa argumenta una «situación excepcional», sosteniendo que la orden judicial vulnera los derechos políticos de Cerrón, quien figura como uno de los 36 precandidatos presidenciales para 2026. Según Abanto, es «urgente» que el TC defina su libertad para que pueda realizar campaña en igualdad de condiciones, alegando que es el único postulante impedido de recorrer el país personalmente.
El desafío para Balcázar
El presidente José María Balcázar hereda así un Gobierno bajo fuego cruzado. Por un lado, la presión interna de su propio partido para desmantelar la cúpula policial que persigue a su líder histórico; por otro, la exigencia ciudadana de fortalecer la institucionalidad de la PNP frente a la criminalidad organizada. La decisión que tome sobre la permanencia de Óscar Arriola será el primer gran indicador de la autonomía o subordinación de su gestión interina.