El candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien mantiene una orden de prisión preventiva vigente y se encuentra en condición de no habido, ha interpuesto una acción de amparo ante el Poder Judicial. El recurso, presentado el lunes 2 de marzo ante un juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Junín, busca que se le permita participar de manera virtual en los debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), previstos para el 24 y 31 de marzo.
El abogado de la defensa, Helio Vílchez, sostiene que no existe una resolución administrativa oficial que impida expresamente la intervención remota de los postulantes. Según Vílchez, la decisión comunicada por el presidente del JNE, Roberto Burneo, de realizar el debate de forma exclusivamente presencial, carece de un respaldo normativo formal que invalide la participación a través de medios digitales.
La defensa argumenta que la gobernanza digital y la validación de audiencias remotas en el sistema judicial peruano sientan un precedente suficiente para permitir que el candidato exponga su plan de gobierno mediante conexión virtual. Asimismo, los representantes de Perú Libre enfatizan que la condición de «no habido» del candidato no restringe sus derechos políticos, dado que el propio JNE validó su inscripción en el proceso electoral vigente.
Contexto de la disputa
Esta solicitud surge en un clima de tensión electoral. El Jurado Nacional de Elecciones ha confirmado que, tras consensos previos con las organizaciones políticas participantes, el formato definido para los debates de esta campaña electoral es estrictamente presencial. Esta postura implica, en la práctica, una exclusión del candidato si este no se pone a derecho ante las autoridades judiciales para comparecer físicamente en el evento.
A la fecha, el Poder Judicial ha ratificado en reiteradas instancias la orden de prisión preventiva que pesa contra Cerrón por el proceso de lavado de activos, desestimando los pedidos de la defensa para variar dicha medida por comparecencia. El desenlace de esta acción de amparo será determinante para definir si el candidato podrá formar parte del espacio de debate público o si su actual situación legal le impedirá participar en las condiciones establecidas por el organismo electoral.