Familiares de las víctimas del 9 de enero de 2023 iniciaron una marcha de sacrificio desde la ciudad de Juliaca con destino a Lima, en demanda de justicia por las muertes y lesiones registradas durante las protestas sociales ocurridas en el país entre los años 2022 y 2023. La movilización busca exigir la reactivación del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (EFICAVIP), desactivado recientemente.
La medida fue anunciada por la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero, cuyos integrantes denuncian que la paralización del equipo fiscal constituye un retroceso en las investigaciones y una señal de falta de voluntad política para esclarecer los hechos.
Demanda por la reactivación del EFICAVIP
El EFICAVIP fue creado en marzo de 2023 con el objetivo de investigar las muertes y heridas ocasionadas durante las protestas sociales que se produjeron tras el cambio de gobierno. Según los familiares, este equipo especializado permitía centralizar los casos y avanzar en la identificación de responsabilidades.
Raúl Samillán Sanga, presidente de la asociación, señaló que la desactivación del equipo fiscal se produce cuando los procesos aún no han alcanzado resultados concretos. “No es posible que, a puertas de ingresar a una nueva etapa, se haya desactivado este equipo especial que llevaba nuestro caso”, declaró.
Ruta de la marcha y apoyo de otras delegaciones
La movilización, denominada “Urariy”, partió desde Juliaca y continuará su recorrido hacia la capital. Durante el trayecto, los manifestantes vienen sosteniendo reuniones con diversas organizaciones sociales y colectivos regionales.
En su paso por el valle de Tambo, los familiares de las víctimas se reunieron con agricultores que también se consideran afectados por decisiones del Estado y que han anunciado su adhesión a la protesta. Según Samillán, la marcha busca articular demandas comunes vinculadas a derechos humanos y acceso a la justicia.
Concentración nacional en Lima
Está previsto que las delegaciones del interior del país se concentren en Cañete, desde donde se trasladarán juntas hacia Lima. La llegada a la capital está programada para el 28 de enero, fecha simbólica que coincide con el aniversario de la muerte de Víctor Santisteban, quien falleció durante la represión policial registrada en Lima en enero de 2023.
Ese día, los manifestantes planean movilizarse hacia el Centro Histórico de Lima, con el objetivo de visibilizar su reclamo ante las autoridades del Ministerio Público y del Poder Ejecutivo.
Acusan dilaciones y obstrucción de la justicia
Los familiares sostienen que, a más de tres años de los hechos, los procesos judiciales no muestran avances significativos. Afirman que la desactivación del EFICAVIP podría significar una nueva dilación en las investigaciones y una eventual fragmentación de los casos.
“No solo se está dilatando la justicia, sino que se está obstruyendo el derecho de las víctimas a conocer la verdad”, señaló Samillán, quien advirtió que, de no ser atendidos, evaluarán nuevas medidas de protesta en Lima.
Reclamo en un contexto político sensible
La marcha se produce en un contexto político marcado por la polarización y por cuestionamientos a la gestión del gobierno de Dina Boluarte respecto al tratamiento de los casos vinculados a las protestas sociales.
Para las víctimas, la movilización representa un intento de mantener vigente su reclamo en la agenda pública y evitar que los hechos del 9 de enero queden en la impunidad. La demanda central es clara: verdad, justicia y reparación para las familias afectadas.