La Unidad Ejecutora para la Bicameralidad (UEB), creada por el Congreso de la República para implementar el retorno del Senado, ya ha recibido más de S/99 millones del presupuesto público, pero su funcionamiento ha sido duramente cuestionado por el elevado gasto y la opacidad en su implementación.
Ubicada en el distrito de San Luis, lejos del Palacio Legislativo, la sede de la UEB fue alquilada sin concurso público al empresario Luis Luy, vinculado al partido Somos Perú, por un monto anual de S/480 mil. La adjudicación directa y la ubicación generaron críticas, incluso desde el Parlamento. “¿Por qué tan lejos del Congreso?”, cuestionó el congresista Héctor Valer.
La oficina arrancó en febrero con S/10 millones, pero en abril recibió una ampliación presupuestal de S/89 millones. Parte de estos fondos ha sido usado para contratar seguros privados de salud (EPS) por S/400 mil, además de incorporar a 46 trabajadores con sueldos que superan los S/18 mil mensuales, incluso más que lo que percibe un congresista.
El director de la unidad, Enrique Fernández Paniagua, destituido anteriormente del Proyecto Legado por retrasos en obras, recibe S/20,097 mensuales. Solo en mayo, la planilla de la UEB costó al Estado más de S/557 mil, casi el triple que en abril.
Aunque algunos parlamentarios como Eduardo Salhuana defendieron que el presupuesto proviene de los recursos del Congreso para 2025, la ausencia de concursos públicos y la contratación directa de personal y servicios ha encendido las alarmas sobre el uso eficiente y transparente del dinero público.
El retorno del Senado, lejos de generar consenso, se enfrenta ahora al cuestionamiento ciudadano y político por la forma en que se gestiona el proyecto, en medio de una creciente desconfianza hacia el Parlamento.