El proyecto de ley presentado por el grupo parlamentario Fuerza Popular bajo el nombre “Tributa Fácil”, promete simplificar el régimen tributario para los emprendedores peruanos. Sin embargo, un análisis más profundo revela que esta propuesta podría hacer más daño que bien a las micro y pequeñas empresas (Mypes).
Y es que, más allá de las buenas intenciones que podría traer la autógrafa, su aprobación podría generar una determinación arbitraria de la Renta Neta. Al respecto, el Dr. Álvaro Bocanegra, abogado especializado en temas tributarios, criticó duramente la falta de claridad en la determinación de la renta neta para el cálculo del impuesto.
“El proyecto de ley deja abierta la puerta para las arbitrariedades de SUNAT en las fiscalizaciones. Esto permitirá que continúen los abusos hacia las Mypes, exigiendo pruebas excesivas para validar sus operaciones comerciales”, asegura Bocanegra.
Un ejemplo alarmante es la exigencia de detalles absurdos, como recordar quién fue el vendedor que atendió al empresario hace tres años. Por otro lado, el mismo proyecto imposibilita la deducción de mermas y desmedros, una decisión que podría ser desastrosa para sectores como el gastronómico.
“Es desconectado de la realidad suponer que no hay merma en la preparación de alimentos”, comenta Bocanegra. Además, la prohibición de deducir pérdidas extraordinarias por eventos fortuitos o delitos internos deja a las Mypes desprotegidas ante situaciones imprevisibles como desastres naturales o robos.
Es evidente la enorme desconexión que existe en el análisis para la elaboración de este proyecto con la realidad económica del país, donde la informalidad laboral asciende al 71.2%. “La normativa tributaria debe sincerarse a esta realidad. La imposición directa no es el principal tributo para una cuantificación real de la recaudación. Proyectos como ‘Tributa Fácil’ solo distorsionan más un sistema tributario ya fracasado”, afirma Bocanegra Landeras.
En ese sentido, se anima a realizar algunas propuestas para una reforma verdadera: “En lugar de perpetuar un sistema injusto, se podría reducir los tramos de las UIT y las alícuotas, comenzando con el 1.5% del actual Régimen Especial de Renta. Asimismo, eliminar la “prueba diabólica” de la fehaciencia de las operaciones, que genera arbitrariedad y litigios. Incluso convertir el Tribunal Fiscal en la primera instancia administrativa para resolver las reclamaciones de los contribuyentes, dejando a SUNAT únicamente la tarea de fiscalizar”, concluye.