Tribunal Constitucional evaluará demanda del JNE contra el Poder Judicial por inscripción de partido político

El TC analizará el conflicto competencial planteado por el Jurado Nacional de Elecciones tras una orden judicial que dispuso la inscripción de una organización política. El fallo podría impactar el proceso electoral 2026 y los límites entre justicia y sistema electoral.

por Diana
Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional (TC) realizará este martes 17 de febrero una audiencia clave para resolver la demanda competencial presentada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contra el Poder Judicial, en un caso que podría redefinir los alcances de la justicia ordinaria en materia electoral.

El conflicto se originó luego de que una instancia judicial ordenara la inscripción de la organización política Unidad Popular en el Registro de Organizaciones Políticas, decisión que el JNE considera una intromisión en sus atribuciones constitucionales. Para el organismo electoral, la administración del registro, la fiscalización de requisitos y la resolución de controversias vinculadas a partidos políticos son competencias exclusivas y excluyentes del sistema electoral.

La demanda fue presentada en septiembre de 2025 por la Procuraduría del JNE, que solicita al TC delimitar con claridad los ámbitos de actuación de cada poder del Estado. En esencia, el ente electoral busca que se establezca que las decisiones adoptadas en el marco de sus funciones no pueden ser revisadas por el Poder Judicial, salvo en los supuestos expresamente previstos por la Constitución.

La audiencia se desarrollará en la sede del TC en San Isidro y contará con la participación de representantes de ambas instituciones, así como de los terceros interesados en el proceso. El pronunciamiento final del colegiado se conocería en los días posteriores.

Más allá del caso concreto, el fallo tendrá implicancias directas en el proceso electoral 2026. Si el TC respalda la posición del JNE, se fortalecerá la autonomía del sistema electoral frente a eventuales intervenciones judiciales. Si, por el contrario, valida la actuación del Poder Judicial, se abriría un escenario de mayor control jurisdiccional sobre las decisiones electorales, en un contexto político ya marcado por tensiones institucionales.

En año preelectoral, la sentencia no será solo jurídica: marcará el tono del equilibrio entre poderes en uno de los terrenos más sensibles para la democracia peruana.

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