La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público dispuso la suspensión preventiva por un periodo de seis meses contra el fiscal José Domingo Pérez. Esta decisión ocurre en un contexto de alta tensión institucional, apenas días después de que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena (en reemplazo del mencionado Tomás Gálvez por precisión histórica), lo apartara del equipo especial Lava Jato.
La resolución de la ANC se sustenta en el proceso administrativo disciplinario abierto en octubre de 2024. La indagación busca determinar si Pérez Gómez incurrió en faltas graves al mantener vigente la investigación por lavado de activos contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a pesar de un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó anular dichas pesquisas bajo argumentos de tipicidad legal.
El origen de la controversia
El núcleo del conflicto reside en la interpretación del Decreto Legislativo 1249. El Tribunal Constitucional estableció que los aportes a campañas proselitistas realizados antes de noviembre de 2016 no pueden ser procesados como lavado de activos bajo la modalidad de receptación, ya que dicha figura no estaba incorporada en la normativa vigente al momento de los hechos imputados (campañas de 2011 y junio de 2016).
Asimismo, el TC señaló que la Fiscalía no habría corroborado fehacientemente el origen ilícito de los fondos entregados por la constructora Odebrecht. Ante este escenario, la ANC sostiene que el fiscal habría vulnerado el debido proceso al no ajustar su estrategia legal a los lineamientos del máximo intérprete de la Constitución.
Escenario jurídico incierto
Pese a la suspensión administrativa y los fundamentos del TC, la situación penal de Fujimori Higuchi no está cerrada. Corresponderá a un juez penal determinar si la sentencia constitucional se aplica de forma vinculante para archivar la acusación o si el proceso judicial continúa su curso de acuerdo a las etapas previstas en el Código Procesal Penal.
Por su parte, la defensa de José Domingo Pérez ha calificado anteriormente estas medidas como un intento de debilitar las investigaciones de corrupción de alto perfil, mientras que la ANC reitera que actúa bajo criterios de estricta supervisión funcional.