El miércoles 24 se celebraron los actos en conmemoración del Día del Juez. En los días previos, su presidente, Javier Arévalo, se sentó con CARETAS para examinar documentos rescatados de los archivos judiciales que serán declarados patrimonio histórico nacional y mantienen una particular vigencia.
–Tenemos estos documentos históricos sobre la mesa. Usted inició los actos conmemorativos del bicentenario del Poder Judicial con una visita a Huaura, donde José de San Martín declaró la independencia. ¿Cuál es la línea conceptual detrás de la celebración?
Implica la continuación de una línea de pensamiento judicial de carácter democrático. Siempre el Poder Judicial, salvo pequeños periodos, ha sido un baluarte de la democracia a partir del inicio de nuestra vida republicana y por eso hoy pretendemos celebrarlo con el día del Juez y el aniversario de la Corte Suprema. El Poder Judicial tiene 200 años, fuerte para frenar los excesos del poder y defender a los ciudadanos.
–¿Por qué comenzar con San Martín?
Tiene una razón de ser. San Martín crea la primera Corte de Apelaciones en Trujillo el 12 de febrero de 1821. El 4 de agosto de 1821 San Martín crea la Alta Cámara de Justicia, y ambas son los antecedentes de la Corte Suprema. Entonces teníamos que comenzar por San Martín, que era un convencido de la independencia del Poder Judicial, que era la garantía de la independencia de los pueblos. Eso lo tenía muy claro. Siempre lo tuvo. Tiene que ver con las ideas de Ilustración y de la Revolución Francesa.
–¿A diferencia de Bolívar?
Claro. Bolívar admira a Napoleón, que no es el modelo de demócrata. En su concesión más democrática, San Martín tiene que dejar el Perú para darle paso a Bolívar. Y si bien Bolívar impulsa la creación de una Corte Suprema en 1824, instalada finalmente en febrero de 1825, fue un dictador. Tuvo a un prócer de la independencia como es Sánchez Carrión como su principal ministro que se encargó de estos temas de Justicia. Ese es el origen de toda esta celebración. Hemos pasado también a acuñar un sello postal con un personaje olvidado por el Perú, que es el doctor Juan Antonio Ribeyro Estrada, héroe de la resistencia civil contra los chilenos durante la ocupación de Lima, y en la cual también se recogen las imágenes de todos los presidentes de la Suprema. Así como se debe destacar a Ribeyro Estrada en el siglo 19, se destacó al doctor Domingo García Rada en el siglo 20. Un magistrado honesto, valiente, que incluso fue víctima de un atentado terrorista. La Casa de la Moneda también emitirá una moneda conmemorativa al Bicentenario. Tenemos actividades culturales, recreacionales a lo largo del año.
–¿Cómo esta significación histórica se traslada a los desafíos actuales del Poder Judicial?
El desafío actual principal es tener un Poder Judicial independiente, lo que se va a lograr única y exclusivamente cuando tengamos la autonomía. Y somos independientes, pero cada vez que esto se hace expreso se sufre un ataque del Ejecutivo, del Legislativo o de cualquier otra institución. Un PJ independiente que garantiza la democracia garantiza también los derechos de todos los peruanos y de todas las instituciones.
–¿Qué significa autonomía presupuestal en estas circunstancias?
Nuestro presupuesto no lo definimos nosotros. Formulamos un proyecto de presupuesto, que se manda al Poder Ejecutivo y, que lo recorta. Y encima esto se manda al Congreso que lo aprueba, muchas veces también con recortes. Entonces al final lo que estamos necesitando no es lo que tenemos. El Ejecutivo dicta las prioridades. Puede ser que haya restricciones fiscales. Lo entiendo, pero acá hay prioridades. Y todo Estado debe dar salud, educación, seguridad y justicia. Cuatro pilares y nada más. Y el Estado interviene en la economía solo cuando los privados no lo pueden hacer. Necesitamos una política económica que realmente implique una economía social de mercado, que es lo que no existe y muchos satanizan sin saber de qué se trata. Por lo demás, el Estado nos restringe recursos. Sin embargo, derrocha en empresas estatales quebradas, y todos lo sabemos. En lugar de estar derrochando el dinero de todos los peruanos en este tipo de empresas públicas que deben desaparecer, salvo aquellas que sean necesarias para impulsar en algún lugar el desarrollo, porque el privado no lo puede hacer, debería otorgar recursos no solo a nosotros, a la salud, a la educación, y concentrarse en sus funciones esenciales. Que además son funciones que la Constitución le ha establecido.
–¿Cuáles son las principales necesidades que ven su presupuesto recortado?
Son varias. Por ejemplo, necesitamos presupuesto para la creación de más juzgados. Tanto se habla de la provisionalidad, que es un mal, lo que es cierto. Pero esas personas no ven el otro lado. Para que usted pueda nombrar un juez titular tiene que tener una plaza presupuestada y vacante. ¿Si no tiene presupuesto y nunca le han permitido crear la plaza dónde lo va a nombrar? Tenemos también proyectos como las unidades de flagrancia para luchar contra la criminalidad. Hoy decían en la televisión que liberaron a un delincuente que había sido capturado por quinta vez en lo que va del año. Entra y sale. ¿Por qué? Porque no se le condena. Si se tomara en serio el tema de las unidades de flagrancia, este tipo a la primera pasa al fiscal, se le informa de la acusación, se procesa, lo condenan y estaría preso. Son miles de casos. Tampoco se apoya la descarga procesal. Hay muchas personas que ganan sus juicios y tienen un papel que no les sirve para nada. No pueden ejecutarlo porque los expedientes de ejecución ya son tantos como los casos en trámite. La gente siente malestar e incluso piensa que es por corrupción. Es por la sobrecarga y por la falta de juzgados de ejecución. Los hemos creado en algunos sitios pero con proyectos piloto porque no nos dan recursos. Hemos conversado con las autoridades pero pareciera que no les interesa.
Tres casos emblemáticos
Uno de los documentos más significativos es el expediente del caso de Trinidad Henríquez (1846-1891), la primera mujer en cursar estudios universitarios en el Perú. Si bien se le dio una autorización para que pueda llevar la carrera de Jurisprudencia en la Universidad del Cusco, cuando terminó quiso obtener su título y le pidió al Congreso que emita una ley, pues las mujeres no podían ejercer la carrera. El Congreso arrastró los pies y envió los argumentos a la Suprema. El gobierno de Piérola le ofreció un permiso único y personal para ejercer, pero ella se negó pues exigía la ley que permitiese lo mismo a todas las mujeres. Murió en 1891 y la referida ley llegó recién en 1910.
Otros documentos son los del caso de Francisco Zárate, alias “el Rey del Monte”, un cimarrón (así se llamaba a los esclavos negros que se escapaban de las haciendas) que sembró el terror con su “gavilla”, cometiendo asaltos y asesinatos. Lo atraparon, procesaron y colgaron en 1815. Además su cadáver fue desmembrado y las partes repartidas en puntos donde cometió sus delitos, como medida disuasiva. Lo mismo ocurrió con dos de sus secuaces. Tras la independencia, en 1826 atrapan a otros de sus consortes. Uno de ellos alegó que su amo le había dado la libertad y peleó en Chile en la batalla de Maipú. Tras muchas deliberaciones que llegaron a la Suprema, se le conmutó la pena de muerte por cuatro años de prisión en el Callao.
Un tercer juego de documentos pertenece a un caso de nulidad de un testamento presentada en 1797, que se extiende hasta 1853. Fue una disputa familiar por el Obraje de Pichuichuro en Abancay, el más importante para el Virreinato a finales del siglo XVIII. Más de medio siglo de historia judicial.
Valores de Actualidad
El jurista Pedro Angulo preside la comisión encargada de las actividades de celebración por el bicentenario de creación de la Corte Suprema de Justicia. El también expremier hizo un recuento de las actividades realizadas hasta el momento, como el primer evento que destacó la contribución intelectual de los oidores de la Real Audiencia, antecedentes de los jueces supremos. “Después hemos tenido otra exposición sobre Ricardo Palma y la Justicia, cómo recogía ese trabajo en sus historias”, añade. “La última ha sido sobre la influencia de José de San Martín en la Justicia. Le hemos puesto un busto que está frente al de José Vidaurre, primer presidente del Poder Judicial, porque sus ideas democráticas marcaron un camino que Bolívar ya no pudo torcer”. En un artículo que será publicado en una revista sobre el Bicentenario de la Institución, Angulo remarca que “los analistas de la época decían que la diferencia entre una tiranía respecto de un gobierno democrático era que existiera justicia, porque el juzgador era precisamente el que podía impedir los excesos y abusos. Incluso en la tradición alemana donde había un emperador, el límite del poder lo marcaba el juez”. Angulo considera que son valores de toda actualidad. “Hay declaraciones de políticos y periodistas que dicen que el Poder Judicial está en contra del Tribunal Constitucional, en contra del Congreso. Y no es así porque se trata de órganos de justicia. El juez individual, los colegiados de tres o cinco toman una posición de justicia. Pero no es que institucionalmente el Poder Judicial está en contra de alguien. Y en todo caso, si hay una irregularidad, delito, prevaricato, está la apelación. Y también la denuncia y la queja. El Poder Judicial no está en contra de alguna institución”.