El Tribunal Constitucional (TC) llevó a cabo una audiencia pública en Arequipa para analizar una demanda presentada por el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. La intención del Gobierno fue que se determinara si Dina Boluarte, en su condición de presidenta en funciones, podía ser investigada por presuntos delitos que no estaban contemplados en el artículo 117 de la Constitución.
Durante la audiencia, el procurador Luis Huerta expuso la postura del Ejecutivo, argumentando la necesidad de respetar los límites constitucionales establecidos para la investigación de un jefe de Estado. También participaron representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público. El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, respaldó la demanda del Ejecutivo, y sostuvo que se trataba de una defensa institucional, no personal.
El abogado Joseph Campos asistió en representación de la presidenta, quien no se presentó en la audiencia, tal como lo confirmó el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, en una conferencia de prensa posterior. Desde el Gobierno, se argumentó que permitir investigaciones por hechos no incluidos en el artículo 117 podría atentar contra la estabilidad del cargo presidencial y abrir un precedente político delicado.
El artículo 117 de la Constitución establece que un presidente solo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria, impedir elecciones o disolver el Congreso sin respaldo legal. Sin embargo, Boluarte fue investigada por otros casos, como el uso de relojes Rolex, las muertes durante las protestas y un presunto abandono de funciones. Esta controversia motivó que el Ejecutivo presentara la demanda en julio de 2024, la cual fue rechazada en un inicio por errores formales, pero luego fue admitida tras ser corregida.
