El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundado una demanda competencial que presentó el Ministerio Público para impedir que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) investigue al fiscal de la Nación por actos y decisiones administrativos internos.
La demanda fue presentada a raíz de que el órgano encargado de designar y remover a los jueces y fiscales del país abrió pesquisas contra la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por haber cambiado a los integrantes del Equipo Especial Cuellos Blancos y por haber removido a la fiscal Bersabeth Revilla, ponente de la investigación a Emma Benavides por la presunta liberación de narcotraficantes a cambio de sobornos.
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La Procuraduría del Ministerio Público buscaba que el TC fallara a su favor, impidiendo que la JNJ pudiera controlar y sancionar los actos del titular del Ministerio Público, pero el magistrado César Ochoa, ponente del caso, señaló que los actos administrativos pueden tener impacto en la función fiscal y están tipificadas como infracción a la Ley de la Carrera Fiscal.
