El Tribunal Constitucional anula la investigación a Keiko Fujimori
El pasado 20 de octubre de 2025, el Tribunal Constitucional (TC) emitió una resolución que dejó sin efecto la investigación que pesaba sobre la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos en el marco del denominado ‘Caso Cócteles’. La decisión fue tomada tras evaluar el recurso de agravio constitucional presentado por su defensa, representada por la abogada Giulliana Loza.
Cinco magistrados del TC votaron a favor de declarar fundado el recurso, argumentando que se vulneraron principios fundamentales como el derecho a un proceso con un plazo razonable y el principio de legalidad. La investigación fue anulada no como un reconocimiento de inocencia, sino por falta de sustento jurídico suficiente para continuar con las imputaciones.
Principales fundamentos del fallo
El Tribunal Constitucional, en su resolución, señaló que el proceso penal no respetó el derecho de Keiko Fujimori a un procedimiento justo y expedito. En el fundamento 96 del fallo, se indica que no se trata de absolver o condenar, sino de reconocer que la imputación carece de base legal conforme a la Constitución peruana.
Este punto es clave, pues establece que la actuación de los órganos judiciales y fiscales debe respetar escrupulosamente los derechos y garantías constitucionales. Por ello, cualquier procedimiento que se desarrolle en contravención de estos principios puede ser anulado.
Voto singular de la presidenta del TC: límites del Tribunal Constitucional
La presidenta del TC, Luz Pacheco, emitió un voto singular en el que aclaró que el Tribunal Constitucional no tiene competencia para decidir sobre la culpabilidad o inocencia en casos penales. Según Pacheco, esa labor corresponde exclusivamente a los órganos de justicia ordinaria.
Pacheco afirmó que el TC debe limitarse a resolver cuestiones constitucionales y que la parte demandante tiene el derecho a defenderse en el proceso penal regular. Esta posición resalta la separación de poderes y el respeto al debido proceso.
Implicancias para el sistema judicial y otros casos similares
Este fallo genera un precedente importante para la justicia peruana, ya que puede afectar a otros procesos en los que se investigan delitos de lavado de activos relacionados con aportes en campañas políticas.
El abogado constitucionalista Wilber Medina destacó que, desde el punto de vista penal, el ‘Caso Cócteles’ queda anulado y se deberá iniciar de nuevo cualquier procedimiento con respeto absoluto a los derechos procesales.
Medina también indicó que la resolución podría aplicarse a casos similares, lo que obliga a la Fiscalía y al Poder Judicial a revisar y fortalecer sus procedimientos para evitar que se repitan estas vulneraciones.
Reacciones y contexto político
La anulación de la investigación se produce en un contexto político complejo, donde el caso de Keiko Fujimori ha sido foco de atención nacional e internacional. Diversos sectores políticos y sociales han expresado opiniones encontradas sobre el fallo.
Algunos sectores lo ven como una victoria de la defensa y un recordatorio de la importancia de garantizar un debido proceso. Otros, en cambio, temen que esta decisión pueda abrir espacios para la impunidad en casos de corrupción y lavado de activos.
Un fallo que marca un antes y un después
La decisión del Tribunal Constitucional sobre el caso ‘Cócteles’ marca un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción y en el equilibrio entre derechos fundamentales y la administración de justicia. A partir de ahora, los procesos penales deben cumplir con estrictos estándares constitucionales para evitar nulidades.
Este caso pone sobre la mesa la necesidad de mejorar la eficiencia y la legalidad en las investigaciones, especialmente en casos de alto perfil que involucran a figuras políticas. Además, plantea el debate sobre el rol del Tribunal Constitucional frente a la justicia ordinaria.