Un proyecto de ley presentado por el congresista Américo Gonza, de Perú Libre, y firmado también por Maricarmen Alva (Acción Popular), propone modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Ministerio Público bajo el título de “fortalecimiento del sistema de justicia”. Sin embargo, en el articulado se esconde una disposición con alto potencial de interferencia política: se establece que el mandato de un juez supremo termina automáticamente una vez concluido su periodo como presidente de la Corte Suprema.
De aprobarse, esta norma implicaría la salida inmediata de al menos cuatro actuales jueces supremos –César San Martín, Elvia Barrios, Javier Arévalo y Víctor Prado–, todos expresidentes del Poder Judicial, más la actual titular, Janet Tello, cuando concluya su gestión. En otras palabras, el proyecto abriría cinco vacantes en la sala suprema, todas bajo la selección de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La medida, lejos de fortalecer la carrera judicial como se proclama en su exposición de motivos, permitiría reconfigurar políticamente la Corte Suprema en un solo acto legislativo.
El contrabando legal
El proyecto (N.º 10585/2024-CR) plantea en su Artículo 74 que “una vez concluido su mandato [como presidente de la Corte Suprema], también generará el término del cargo de Juez Supremo”, y repite el mismo patrón en el caso del Fiscal de la Nación. Luego, en sus Disposiciones Complementarias Finales, lo deja aún más claro: “A la promulgación de la presente Ley los jueces supremos que han ocupado el cargo de presidentes de la Corte Suprema (…) concluyen sus funciones como juez supremo”.
Aunque se aduce como motivo evitar el “roce social” de los presidentes de altas cortes con actores políticos, en los hechos, la reforma permitiría a la mayoría congresal vaciar parcialmente la Corte Suprema sin pasar por una reforma constitucional ni un proceso disciplinario.
Una Corte en la mira
Actualmente, la Corte Suprema está compuesta por una mayoría de jueces provisionales. Solo 19 de los 60 supremos son titulares, según cifras del propio proyecto. Al forzar la salida de quienes han sido presidentes, el Congreso crearía un escenario con más vacantes que nunca y una renovada presión sobre la JNJ, ya bastante cuestionada por su composición y estabilidad institucional.
Se trata de una modificación de gran calado que no ha sido discutida públicamente, y que ha pasado bajo el paraguas de una pretendida reforma meritocrática. Pero en la práctica, lo que se instala es una forma de control sobre la cúspide del Poder Judicial, que compromete principios como la inamovilidad en la carrera judicial y la independencia de los magistrados.
Una alianza transversal
Más allá de la autoría de Perú Libre, el proyecto cuenta con la firma de congresistas como Maricarmen Alva (Acción Popular), Américo Gonza (Perú Libre), Flavio Cruz, Pasión Dávila, entre otros, lo que evidencia una alianza transversal con intereses comunes sobre el sistema de justicia.
El debate formal recaerá en las comisiones de Constitución y de Justicia, pero el impacto político es claro: consolidar influencia parlamentaria sobre la Corte Suprema, una de las pocas instituciones que ha mantenido autonomía frente al poder político en los últimos años.
CARTA DE LA CONGRESISTA MARÍA DEL CARMEN ALVA
OFICIO N* 1041 -2024-2025-MCAP/CR
Señor
Enrique Chávez Durán
Director Periodístico
Revista Caretas
Presente. –
Me dirijo a usted en mi calidad de Congresista de la República, con el propósito de exigir la rectificación inmediata de una afirmación falsa, agraviante y difamatoria publicada en la edición N.? 2724 de Caretas, correspondiente al 24 de abril de 2025, en el artículo titulado “Supremo Contrabando”, dónde se me atribuye —de manera infundada e irresponsable— la condición de firmante del Proyecto de Ley N. 10585/2024-CR.
La difusión de esta imputación falsa constituye una afectación grave a mi honra, mi reputación y mi integridad como representante del Congreso de la República, y podría configurar el delito de difamación, tipificado en el artículo 132 del Código Penal. No se trata de un simple error material, sino de una publicación que, en el contexto político y jurídico en que se produce, denota una clara intención de perjudicarme personal y políticamente, afectando también la institucionalidad del trabajo parlamentario.
Debo precisar que no soy autora, coautora, adherente ni firmante de la mencionada iniciativa legislativa, lo cual es plenamente verificable en los registros oficiales del Congreso de la República del Perú. Dicho proyecto tiene como autor al congresista Américo Gonza Castillo, y como coautores a los congresistas Flavio Cruz Mamani, María Antonieta Agüero Gutiérrez, Isaac Mita Alanoca, Segundo Toribio Montalvo Cubas, Janet Milagros Rivas Chacara y Kelly Roxana Portalatino Ávalos, conforme se muestra en la imagen adjunta.
- Se realiza la rectificación del caso con las disculpas correspondientes, más allá del tono de la carta. Fue consignado equivocadamente el nombre de la congresista por el de la congresista Agüero Gutiérrez. No hay una “clara intención” de perjudicarla y se ha publicado la nota corregida en la edición digital. La noticia, por cierto, es el trámite de un proyecto de ley semejante, lo que está fuera de cuestión.
