La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró improcedente y archivó de forma definitiva la denuncia constitucional 715, presentada por Juntos por el Perú contra el canciller Carlos Pareja por presuntas irregularidades durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026.
El informe técnico de calificación concluyó que no se acreditó una infracción constitucional ni un delito de función atribuible al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, precisó que la Cancillería no posee competencias en la organización, conducción o fiscalización de los procesos electorales.
Congreso archiva denuncia contra Carlos Pareja
Con esta decisión, el grupo parlamentario dejó sin efecto el recurso que buscaba iniciar un juicio político y un antejuicio contra el canciller por el traslado de las actas de votación de los peruanos residentes en el extranjero durante la segunda vuelta presidencial.
El informe aprobado por la Subcomisión sostuvo que no existió un agravio directo ni elementos suficientes para atribuir responsabilidad funcional al ministro de Relaciones Exteriores. En ese sentido, el Congreso concluyó que las actuaciones cuestionadas no configuraban una infracción constitucional ni justificaban la continuidad del procedimiento parlamentario.
"El informe recomendó declarar improcedente la denuncia y disponer su archivo, al no superar los criterios exigidos por el Reglamento del Congreso", se lee en la decisión final dictada por la congresista Lady Camones (APP).

¿Por qué denunció Juntos por el Perú al canciller peruano?
La denuncia fue presentada el 22 de junio por Pablo Salas Charca, personero legal alterno de Juntos por el Perú, partido político presidido por Roberto Sánchez. El recurso atribuyó al canciller presuntas anomalías en el traslado de las actas de votación emitidas por los peruanos en el exterior durante el balotaje.
Entre los principales cuestionamientos, el partido sostuvo que la cartera de Pareja reemplazó el sistema de digitalización inmediata utilizado en la primera vuelta por el envío físico de las actas mediante valijas diplomáticas.
Según JP, esa decisión habría afectado la cadena de custodia de la documentación electoral y configuraría presuntas infracciones constitucionales, además de los presuntos delitos de fraude electoral y omisión de funciones.
No obstante, la Subcomisión concluyó que esas funciones no corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores, sino a los organismos que integran el sistema electoral, por lo que desestimó los argumentos expuestos en la denuncia.
Pareja rechazó el recurso presentado por JP
El recurso parlamentario se presentó pocos días después de la segunda vuelta electoral y formó parte de los cuestionamientos formulados por Juntos por el Perú, especialmente por Sánchez, con respecto al proceso de votación en el extranjero.
Tras conocerse la denuncia, el canciller Carlos Pareja rechazó las acusaciones y afirmó que la Cancillería únicamente cumple funciones logísticas y de asistencia consular durante los comicios. También aseguró que su sector no interviene en el procesamiento de las actas ni en el conteo de votos.
El ministro añadió que las misiones de observación internacional, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo no reportaron observaciones técnicas sobre el desarrollo de la jornada electoral fuera del país.
Con esos antecedentes y tras evaluar las competencias de cada institución, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales resolvió archivar definitivamente la denuncia.