Un insólito drama mantiene en alerta a los vecinos de San Juan de Lurigancho (SJL): el cadáver de Alexander Jaramillo, un hombre de 57 años fallecido por tuberculosis, permanece desde hace casi cinco días abandonado dentro de una vivienda prestada para su velorio, luego de que sus familiares desaparecieran y dejaran una deuda impaga con la funeraria encargada del servicio.
La propietaria de la casa, ubicada en Caja de Agua, relató que aceptó de buena voluntad realizar el velatorio, pero el compromiso se convirtió en una pesadilla. “Tengo que estar con mascarilla, porque el señor ya está morado y tiene un olor fuerte. Pido una ayuda humanitaria”, manifestó en ATV.
Vecinos denuncian riesgo sanitario por cadáver olvidado
Según los vecinos, los parientes directos prometieron asumir los pagos, pero apagaron sus celulares y dejaron de responder llamadas. “La señora no descansa, no duerme nada. La familia ha apagado los teléfonos. Nadie contesta, ni el hijo”, denunció una moradora.
La funeraria tampoco retomó el manejo del cuerpo al descubrir que no se había cancelado la diferencia del servicio. “Vinieron al día siguiente y, al no encontrar a los familiares, dejaron el ataúd en el piso, cambiaron de féretro y se fueron”, contó la dueña de la casa, mostrando su indignación por el abandono.
¿Quién era Alexander Jaramillo y qué pasó antes de su muerte?
Jaramillo vivía en el asentamiento humano Caja de Agua y trabajaba en labores artesanales hasta que la tuberculosis lo obligó a dejar sus actividades. El día en que su salud se agravó, fue llevado primero a una posta y luego al hospital Dos de Mayo, donde falleció.
Aunque parientes lejanos y vecinos han intentado organizar un entierro digno, la falta de recursos y los conflictos familiares han paralizado cualquier avance. “El abandono no es de la familia lejana, sino de la cercana”, sostuvo una familiar a Panamericana.
Pese a los pedidos, ni la municipalidad ni los servicios de salud han intervenido para retirar el cuerpo, atender la deuda o evitar riesgos sanitarios en la zona. La comunidad exige una acción urgente para resolver un caso que se ha convertido en un problema de salud pública y una situación angustiante para la propietaria de la vivienda.