Días atrás desde el Financial Time, uno de los medios internacionales más influyentes, algunas voces de la administración norteamericana han advertido de su preocupación ante el creciente control de algunas infraestructuras estratégicas esenciales en el Perú por parte de la China, como el caso de la energía y la construcción del que será el mega puerto más importante del Pacífico Sur (Chancay).
No obstante de la singular preocupación geopolítica del gobierno estadounidense ante lo que ellos denominan el “control chino” de algunos recursos estratégicos, vale resaltar que la política de desarrollo nacional del país se enmarca en la promoción de las inversiones privadas y el comercio libre (de allí la veintena de tratados de libre comercio) de alguna u otra manera la observación norteamericana vale tomarla en cuenta.
Si bien las inversiones chinas, en líneas generales han sido positivas debido a que los términos de intercambio del comercio han sido en azul para el Perú (como en el sector de la minería) y se ha adaptado a la legislación y a la normativa nacional, existen todavía resquemores y sospechas sobre la actuación de algunas empresas chinas.
Como decíamos, en particular en la minería algunas, en general las inversiones chinas no solo se han adaptado a la inmensa legislación nacional sino además se han adecuado a los más estrictos estándares sociales, ambientales y laborales. Además de ello han permitido el crecimiento económico de las zonas aledañas a sus operaciones mineras (como el caso de Challhuahuacho, Cotabambas en Apurímac) y han creado y consolidado una inmensa red de proveedores locales y comunales y que hoy -sin temor a equivocarme- son el capitalismo popular minero. En suma, las inversiones chinas, sobre todo en Apurímac son un motor antipobreza y generación de empleo.
Contrario a ello, las dudas sobre las inversiones chinas, vienen por el particular caso de Shougang, empresa que a pesar de tener capitales orientales, pareciese ser la otra cara de la moneda. Poco se conoce de esta empresa con respecto no solo a su política de cumplimiento a los estándares sociales, laborales y ambientales sino además a su contribución al desarrollo y progreso de las comunidades aledañas y los proveedores nacionales.
No soy el primero, y tampoco creo que el último, que pone en relieve las dudas sobre el cumplimiento de los estándares estrictos de la normativa nacional. La propia Sunafil, sostuvo meses atrás que Shougang “no adoptó las medidas preventivas y de protección suficientes en el ambiente de trabajo, para evitar que tres de sus trabajadores fallecieran de la COVID-19”. A todo lo anterior debemos de sumar las innumerables protestas de los sindicatos de los trabajadores además de las huelgas y paros. A ello también agregamos la inusual manera de trato que suelen tener con sus proveedores locales. Además, y como colofón de una serie de demandas, las denuncias y probables favores a sus propias empresas chinas en lugar de las empresas locales, casos que de ser ciertos serían hechos flagrantes del denominado “puertas giratorias”.
Si bien, son bienvenidas todas las inversiones privadas cualquiera que sea el origen, la política nacional debe sujetar a las inversiones al cumplimiento de las leyes. En Challhuahuacho pasa todo lo contrario a Marcona; mientras allí la minería moderna se enmarca en el desarrollo de las comunidades, la provincia y la región, en Marcona parece ser todo lo contrario.
