La liberación de Daniel Urresti por decisión del Tribunal Constitucional reabrió una herida que la familia de Hugo Bustíos Saavedra —corresponsal de CARETAS asesinado en Ayacucho en 1988— tardó más de tres décadas en intentar cerrar. Para su hija, Sharmelí Bustíos, el fallo no solo revierte una sentencia firme, sino que envía un mensaje devastador para los casos de periodistas asesinados en el país.
“Se sigue apostando a la impunidad cuando ya hay una sentencia firme”, señaló en entrevista con CARETAS. La condena contra Urresti fue dictada el 12 de abril de 2023, tras una audiencia de más de ocho horas, y ratificada en 2024 por la Corte Suprema. “Esa sentencia lo condena por estar implicado en el asesinato de Hugo Bustíos Saavedra. No te puedes ir a la forma desconociendo el fondo”, sostuvo.
El argumento central del TC —la prescripción del delito y la inaplicabilidad retroactiva de estándares internacionales— es, para Bustíos, “algo absurdo”. Recordó que el magistrado Manuel Monteagudo dejó constancia en su voto de que los delitos de lesa humanidad no prescriben. “Son violaciones de derechos humanos cometidas dentro de un contexto sistemático. Eso no puede ignorarse”, enfatizó.
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La familia espera ahora la decisión de la Tercera Sala Penal, que podría aplicar el control de convencionalidad frente a tratados internacionales suscritos por el Perú. “El TC no puede estar por encima de una sentencia firme ni de los tratados internacionales que rigen en nuestro país”, advirtió.
Más allá del debate jurídico, la dimensión humana atraviesa el caso. “Es un gravísimo retroceso. Nos revictimiza totalmente. Es una lucha titánica de 34 años y a estas alturas nos siguen sometiendo a este grado de maltrato”, dijo. Y añadió: “Con esa facilidad con que hablan de la prescripción de los delitos de lesa humanidad, me gustaría que también prescribiera el dolor, pero no es así”.
Bustíos subrayó que el proceso por el asesinato de su padre marcó un precedente histórico. “Fue el primer caso de violación y asesinato de un periodista que logró justicia plena en el país. El resto quedó en la total impunidad”, afirmó, al recordar también el caso de Jaime Ayala Sulca, desaparecido en 1984 y cuyo proceso sigue abierto.
Para ella, la decisión del TC genera “condiciones de impunidad” en un contexto ya adverso para la prensa. “Ser periodista en el Perú es extremadamente difícil. Hay agresiones, campañas de desprestigio, asesinatos a manos del sicariato. No hay investigación. Todo queda en silencio”, cuestionó.
El viernes 21 de febrero de 2026 —fecha en que su padre habría cumplido 76 años— fue, según describió, “un día muy turbulento, muy duro”. “Papá no está. Pudimos haber logrado tantas cosas si él estuviese vivo. Y encima dicen que hay que poner en libertad inmediatamente a quien fue condenado por su asesinato. Es una cosa que no tiene nombre”, lamentó.
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2025: violencia y silencio contra la prensa
El 2025 fue el año más letal para el periodismo peruano en un cuarto de siglo. Según la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, cuatro comunicadores fueron asesinados por sicarios en distintas regiones cuando se dirigían a conducir sus programas o regresaban de coberturas, descartándose el robo como móvil.
Gastón Medina (Ica), Raúl Celis (Loreto), Fernando Núñez (La Libertad) y Mitzar Castillejos (Ucayali) eran periodistas críticos de autoridades locales. Ninguno de los crímenes tiene condenados. El gremio advirtió que el panorama podría agravarse en 2026, año electoral: “El halo de lo que se viene es todo, menos esperanzador”.