La Comisión Agraria del Congreso de la República cerró la primera legislatura del Periodo Anual de Sesiones 2025-2026 con un balance legislativo que pone el acento en el cierre de brechas históricas del sector agrario. Bajo la presidencia de la congresista Jeny López Morales (Fuerza Popular), el grupo de trabajo impulsó seis leyes ya promulgadas, aprobó dictámenes clave en el Pleno y desarrolló una intensa labor descentralizada en regiones, con el objetivo de fortalecer la seguridad hídrica, la productividad agrícola y el desarrollo sostenible del campo peruano.
El balance, presentado al 19 de diciembre de 2025, destaca resultados concretos tanto en el plano normativo como en el acercamiento territorial a los principales actores del agro. En un contexto de alta vulnerabilidad climática y persistentes desigualdades en el acceso al agua y la infraestructura, la comisión priorizó iniciativas orientadas a garantizar recursos hídricos, modernizar el riego y promover una agricultura más competitiva e inclusiva.
Las seis leyes aprobadas para el agro
Durante la primera legislatura, la Comisión Agraria logró la aprobación y promulgación de seis leyes consideradas de alto impacto para el sector. Una de las principales es la Ley N.° 32427, que promueve la siembra y cosecha de agua a nivel nacional, una herramienta clave para fortalecer la seguridad hídrica frente a la variabilidad climática y la escasez de recursos en zonas rurales.
En la misma línea, se aprobó la Ley N.° 32429, que declara de interés nacional la formulación y aprobación del Plan Hidráulico del departamento de Piura, una región recurrentemente afectada por fenómenos climáticos extremos y con una fuerte dependencia del agro. Esta norma busca ordenar la gestión del agua y viabilizar inversiones estratégicas en infraestructura.
Otra iniciativa relevante es la Ley N.° 32437, orientada a impulsar el riego tecnificado como herramienta clave para mejorar la productividad agrícola, reducir pérdidas de agua y elevar la eficiencia en el uso de los recursos hídricos. Esta medida apunta especialmente a pequeños y medianos productores, que enfrentan mayores limitaciones tecnológicas.
El paquete legislativo incluye también la Ley N.° 32478, que declara de interés nacional el aprovechamiento del recurso hídrico del río Chira en beneficio de las provincias de Talara y Paita, así como la Ley N.° 32508, que prioriza la construcción de las represas satélites Chipillico y Samán del Proyecto Especial Chira–Piura, en la provincia de Sullana.
Finalmente, la Ley N.° 32434 establece un marco para la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario, incorporando un enfoque de protección social y apuntando a una agricultura moderna, inclusiva y alineada con los desafíos del desarrollo nacional.
Dictámenes y agenda pendiente
Además de las leyes promulgadas, la Comisión Agraria logró que ocho dictámenes fueran aprobados en el Pleno del Congreso, reflejando —según el balance— un alto nivel de concertación política en temas vinculados al desarrollo rural y la seguridad alimentaria.
Uno de estos dictámenes se encuentra aún pendiente de promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Se trata de la autógrafa del Proyecto de Ley 10070/2024-CR, que autoriza la incorporación progresiva de los servidores de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057 al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, una iniciativa que busca mejorar las condiciones laborales y la estabilidad del personal técnico encargado de la gestión hídrica.
Otro proyecto relevante, la autógrafa del Proyecto de Ley 6265/2023-CR, que propone el uso de la inteligencia artificial para la protección de la vicuña y la prevención de su caza furtiva, fue observada por el Poder Ejecutivo y devuelta a la comisión para su revisión. El tema abre un debate sobre el uso de tecnologías emergentes en la conservación de la biodiversidad y la fiscalización ambiental.
Trabajo parlamentario y enfoque descentralizado
El balance legislativo también resalta la actividad parlamentaria desarrollada durante la legislatura. La Comisión Agraria realizó nueve sesiones ordinarias y seis sesiones extraordinarias, lo que permitió un análisis técnico de las iniciativas en agenda y una respuesta más oportuna a las demandas del sector.
De manera complementaria, se priorizó un enfoque descentralizado mediante la realización de cinco audiencias públicas en las regiones de Ucayali, Ayacucho, Piura, Tumbes y Cajamarca. Estos espacios permitieron recoger directamente las demandas de agricultores, juntas de usuarios, autoridades locales y organizaciones del sector agrario, fortaleciendo la legitimidad de las propuestas legislativas.
Según la comisión, este trabajo en territorio fue clave para construir una legislación más conectada con la realidad del campo y con las problemáticas específicas de cada región, especialmente en materia de acceso al agua, infraestructura de riego y sostenibilidad productiva.
Cierre de brechas y proyección del sector agrario
La presidenta de la Comisión Agraria, Jeny López Morales, sostuvo que los resultados del periodo responden a una visión orientada a cerrar brechas históricas en el agro, garantizar el acceso al agua, promover la inversión en infraestructura hídrica y avanzar hacia una agricultura más competitiva y con justicia social.
En un escenario marcado por el impacto del cambio climático, la presión sobre los recursos naturales y la necesidad de asegurar la seguridad alimentaria, el balance de la comisión busca posicionar al agro como un eje estratégico del desarrollo nacional. El énfasis en pequeños y medianos productores aparece como uno de los elementos centrales del discurso legislativo.
Desafíos para la siguiente legislatura
Pese a los avances, el balance también deja en evidencia los retos pendientes. La implementación efectiva de las leyes aprobadas, la promulgación de normas aún en espera y la continuidad del enfoque descentralizado serán claves en la siguiente legislatura. A ello se suma la necesidad de articular las decisiones del Congreso con las políticas del Ejecutivo y los gobiernos regionales.
Con este cierre de la primera legislatura 2025-2026, la Comisión Agraria reafirma su compromiso de seguir impulsando marcos normativos y políticas públicas que fortalezcan al sector agrario, en un contexto donde el desarrollo rural y la seguridad hídrica seguirán ocupando un lugar central en la agenda nacional.