Hace poco más de un mes, la presidenta Dina Boluarte ordenó que solo se queden en la sala los integrantes del Consejo de Ministros. Y en el acto salieron asesores, personal administrativo y los visitantes de las distintas instituciones que son convocados para hacer exposiciones
La mandataria entonces les reiteró a los ministros su completa confianza en el premier Alberto Otárola, que seguiría en el cargo. Y advirtió que, si es que en algún momento acordaban su salida, ninguno de los presentes lo sucedería.
Por esos días CARETAS había publicado que tanto Julio Demartini (MIDIS) como Eduardo Arana (Justicia y Derechos Humanos) eran posibles cartas en el eventual relevo de la PCM. Ambos, así como la titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Hania Pérez de Cuéllar; forman parte del pequeño grupo de ministros considerados “de” Boluarte y no de Otárola.
La escena simboliza el año que ha vivido el primer ministro, un funcionario que según la encuesta de Ipsos de noviembre tiene apenas 9% de aceptación, un punto por debajo de Boluarte. En una situación “normal” para el Perú, sería lógico cambiar al ministro que es el “fusible” del mandatario. Pero esta no es una situación normal.
No es tampoco normal que el premier le enviara a Jaime Villanueva un mensaje vía declaraciones al vuelo en Panorama. Un par de días antes de que lo detuvieran, Otárola le mandó a decir “al filósofo” que esté “tranquilo”. Y luego de la captura confirmó saber que Villanueva era quien filtró a ese mismo programa y otros medios las carpetas fiscales de la investigación sobre las contrataciones de sus amigas.
Contralor Nelson Shack, uno de los objetivos de la ojeriza del premier.
De ahí que se comprendiera mejor lo que ya no es ni siquiera un secreto a voces. Que la caída de Benavides habría sido posibilitada por un intercambio de favores, por el cual el fujimorismo le dotaba a la Fiscalía de los pantallazos de Whatsapp necesarios para acercar a la suspendida fiscal de la Nación a un delito (archivo de investigaciones de los congresistas a favor de votos para inhabilitar a Zoraida Ávalos) a cambio del compromiso del gobierno de ejecutar, y defender, la ejecutoria del indulto a Alberto Fujimori. La factura ya comienza a cobrarse con el desacato declarado por la Corte IDH (ver Mar de Fondo).
Benavides se enredó rápidamente en la guerra que se libra en el Ministerio Público, como se describe en esta edición. Mal asesorada, asumió que la jugada era pegarse al Congreso, asumiendo que estaba por encima del Ejecutivo, y abrirse otro frente con Boluarte y Otárola. Y allí se encontró a un jugador que la madrugó.
Otárola juntó el hambre con la necesidad. La Fiscalía lo venía ajustando por el lado de las amigas, pero con la presidenta compartía la preocupación por la investigación sobre los muertos de las protestas que, según fuentes consultadas en el gobierno, ha sido un argumento efectivo desde el primer momento. “Si yo me voy”, es el mensaje, “irán detrás de la presidenta”. De allí la salida del procurador general Daniel Soria gracias a un procedimiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Soria pidió al Ministerio Público la presentación de 40 testigos adicionales en las investigaciones contra la mandataria y su primer ministro.
Pero las preocupaciones del primer ministro no tienen una sola válvula de escape. En esos calientes consejos de ministros, Otárola se ha tomado el tiempo para describir lo que supuestamente le cuesta al erario público los viajes del contralor Nelson Shack, en información que luego se reproduce en medios.
La ojeriza viene de atrás. Fue la Contraloría la que investigó el caso del Club Apurímac, en el que se vio claramente que la entonces vicepresidenta y ministra seguía actuando en nombre de una institución privada, lo que está prohibido por ley. Eso lo confirmó el exalcalde de Lima, Jorge Muñóz, quien declaró sobre las llamadas que le hizo Boluarte para favorecer a su club. Podría argumentarse si la inhabilitación era una medida exagerada, pero era posible dentro de la baraja política. En una sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales en octubre de 2022, Otárola demandó su reprogramación para que declare Shack. “La Contraloría actuó de manera arbitraria, perjudicando el derecho a la defensa de la señora Boluarte”, apuntó. Al final el caso se archivó el 5 de diciembre, dos días antes que Pedro Castillo perpetrara su fallido golpe de Estado que terminó con la juramentación de Boluarte como nueva mandataria.
La historia no ha terminado. En octubre, la Contraloría encontró irregularidades en las contrataciones de Rosa Rivero Bermeo y Yaziré Pinedo Vásquez en la Devida y el Ministerio de Defensa, respectivamente, cuando Otárola estaba al frente de ambas instituciones.
Las investigaciones siguen en curso. Se ha ubicado a cinco “amigas”, pero el caso de la joven Pinedo Vásquez es el más complicado, pues están detrás de una posible situación de convivencia que no fue consignada en las declaraciones juradas.
Shack termina su gestión en setiembre y huelga decir que no será el candidato del gobierno para repetir el plato.
El primer ministro ha demostrado ser un ajedrecista agresivo y un adversario implacable. Lo que queda ver es cuánto más tiempo tomará su partida.
