El Poder Ejecutivo aprobó la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por un periodo de 30 días calendario, contados a partir del 20 de enero de 2026, con el objetivo de reforzar la lucha contra la criminalidad y salvaguardar la vida y tranquilidad de los ciudadanos.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 006-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano. Durante su vigencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y definirá las zonas de intervención en función de información de inteligencia, estadísticas y mapas del delito.
Como en prórrogas anteriores, el decreto establece la restricción o suspensión de derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Asimismo, se precisa que las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes, mientras que las actividades no masivas podrán realizarse sin dicho permiso.
Una de las novedades de esta extensión es la aplicación del Decreto Supremo N.º 002-2026-MTC, recientemente promulgado, que modifica el Reglamento Nacional de Tránsito y faculta al Ejecutivo a establecer restricciones al tránsito vehicular en las zonas declaradas en estado de emergencia.
Emergencia también en el norte
El Ejecutivo también dispuso la prórroga del estado de emergencia por 60 días en las provincias de Tumbes y Zarumilla, a partir del 19 de enero de 2026, así como en las provincias de Trujillo y Virú, en la región La Libertad. Estas medidas fueron aprobadas mediante los decretos supremos N.º 007-2026-PCM y N.º 008-2026-PCM, respectivamente.
En estas jurisdicciones se aplicarán las mismas restricciones previstas para Lima y Callao. El Gobierno reiteró que la extensión del estado de emergencia responde al avance de la violencia y la criminalidad, y reafirmó su compromiso de actuar de manera conjunta para restablecer la seguridad ciudadana en el país.