Francisco Sagasti rompió su habitual perfil bajo para responder con firmeza al Congreso de la República. A través de un documento dirigido al presidente del Parlamento, el exmandatario solicitó que se desestime la acusación constitucional que podría terminar con su inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos. “Criminalizar una decisión legalmente adoptada en el ejercicio del más alto cargo del Estado vulnera los principios elementales del orden constitucional”, advierte Sagasti en su escrito de descargos.
La acusación, aprobada por la Comisión Permanente con 22 votos a favor, sostiene que el entonces presidente infringió la Constitución y cometió abuso de autoridad al disponer el pase al retiro de 19 generales de la Policía Nacional del Perú, en noviembre de 2020. La medida fue adoptada apenas días después de la crisis provocada por la breve presidencia de Manuel.
Merino y la violenta represión policial que dejó como saldo la muerte de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado.
Sagasti defiende la decisión argumentando que, de los 19 oficiales retirados, catorce estaban involucrados directamente en las operaciones que derivaron en esas muertes o enfrentaban cuestionamientos por su actuación en ese contexto. Otros tenían investigaciones abiertas por irregularidades durante la pandemia, e incluso algunos habían sido repuestos judicialmente tras haber sido separados por gestiones anteriores. “La medida no fue caprichosa ni arbitraria, sino el resultado de un análisis riguroso y técnico dentro de los márgenes que permite la ley”, afirma.
El trasfondo de la acusación, sin embargo, excede lo legal. La iniciativa del Congreso de perseguir políticamente a un expresidente que asumió en medio del colapso institucional de 2020 —y que garantizó una transición democrática y elecciones libres en 2021— envía una señal preocupante. Se trata de un patrón reiterado: usar la figura de la inhabilitación como mecanismo para marginar adversarios políticos, desnaturalizando su propósito constitucional. En este caso, la sanción no se vincula a un enriquecimiento ilícito ni a una traición a la patria, sino a una decisión ejecutiva legítima y sujeta a control posterior.
“El Congreso puede discrepar con una decisión de política pública, pero no puede pretender que toda divergencia sea una infracción constitucional”, remarca Sagasti. Su defensa sostiene que no existió ni abuso de poder ni violación a la separación de funciones. En cambio, advierte que la acusación configura una peligrosa señal de inseguridad jurídica para futuros gobernantes.
A pesar de haber reiterado que no tiene intención de postular a la presidencia en 2026, el exmandatario advierte sobre el precedente que podría dejar una sanción de esta naturaleza. “De prosperar esta acusación, nadie querrá asumir responsabilidades en situaciones de crisis, por temor a represalias políticas disfrazadas de legalidad”, afirma.
La última palabra la tendrá el Pleno del Congreso. De aprobarse la inhabilitación, no solo quedará en entredicho la estabilidad del marco constitucional, sino también el mensaje que se le da a quienes, en circunstancias excepcionales, asuman el desafío de conducir una transición democrática.
Cronología del caso Sagasti
10 de noviembre de 2020
→ Francisco Sagasti asume la presidencia del Congreso tras la crisis desatada por la vacancia de Martín Vizcarra y la renuncia de Manuel Merino.
17 de noviembre de 2020
→ Sagasti es investido como presidente de la República, encabezando un gobierno de transición con la misión de garantizar elecciones libres en 2021.
24 de noviembre de 2020
→ El entonces presidente firma el pase al retiro de 18 generales de la Policía Nacional del Perú, designando a César Cervantes como nuevo comandante general. Un general adicional es retirado días después.
13 de marzo de 2024
→ La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admite a trámite una denuncia contra Sagasti por presunta infracción a los artículos 45, 139 y 172 de la Constitución, y por el delito de abuso de autoridad.
22 de abril de 2025
→ La Comisión Permanente del Congreso aprueba el informe final que recomienda acusarlo e inhabilitarlo por 10 años para ejercer cargos públicos.
29 de abril de 2025
→ Sagasti presenta su escrito de defensa ante el Congreso, solicitando el archivo definitivo de la acusación. Señala que la medida fue legal, necesaria y proporcional.
Próximos días
→ El Pleno del Congreso debatirá y votará la posible inhabilitación política del expresidente.
