El expresidente Francisco Sagasti fue citado a una audiencia judicial programada para el 17 de noviembre, en el marco de la investigación que se le sigue por el retiro irregular de 18 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en noviembre de 2020, cuando asumió el mando tras la crisis política que sucedió a la vacancia de Martín Vizcarra.
El juez supremo Juan Carlos Checkley dispuso su comparecencia como parte del proceso penal iniciado por el Ministerio Público por presunto abuso de autoridad, un caso que involucra también a los exministros del Interior Rubén Vargas y José Elice, quienes ocuparon el cargo en la breve administración del exmandatario.
¿Por qué se investiga a Sagasti?
La investigación apunta a las resoluciones supremas firmadas durante los primeros días del Gobierno de transición, que dispusieron el pase al retiro de tres tenientes generales y quince generales de la PNP. La decisión se dio tras el nombramiento del general César Cervantes Cárdenas como comandante general de la institución, en reemplazo del general Orlando Velasco Dávila, quien había sido designado por Vizcarra.
El Ministerio Público considera que la medida careció de motivación legal suficiente y que vulneró el principio de meritocracia dentro de la Policía Nacional, lo que podría configurar un abuso de autoridad. Según la tesis fiscal, la decisión política habría tenido un efecto directo en la estructura jerárquica de la PNP, generando inestabilidad en una etapa crítica de transición democrática.
Un caso con antecedentes políticos
El retiro masivo de oficiales en 2020 generó una fuerte controversia en el Congreso y entre los sindicatos policiales. El tema volvió a la agenda en 2025, cuando el Pleno del Congreso autorizó al Ministerio Público a formar causa penal contra los responsables del proceso.
Posteriormente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evaluó un proyecto para inhabilitar políticamente a Francisco Sagasti por diez años, argumentando presunta infracción a la Constitución. No obstante, la propuesta no alcanzó los votos necesarios para su aprobación, aunque permitió que la vía penal siguiera su curso.
Fuentes judiciales señalaron que la audiencia del 17 de noviembre será clave para determinar si el exmandatario enfrentará un proceso judicial formal o si se archiva la causa. En caso de avanzar, el Ministerio Público podría solicitar medidas restrictivas de viaje y comparecencia simple.
¿Quiénes más están implicados en el caso?
Los exministros Rubén Vargas y José Elice, quienes dirigieron el Ministerio del Interior durante la gestión de Sagasti, también están incluidos en la investigación. Vargas fue el primero en asumir el cargo tras la caída del régimen de Manuel Merino y renunció semanas después de los retiros policiales. Su sucesor, Elice, mantuvo la línea administrativa y defendió públicamente la decisión, señalando que se trató de una “reforma interna necesaria” en la PNP.
Ambos exfuncionarios deberán responder ante el Poder Judicial por el mismo presunto delito, luego de que la Comisión Permanente del Congreso autorizara el levantamiento del fuero político en abril pasado.
El caso se tramita ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, bajo la ponencia del magistrado Checkley, quien también supervisa procesos similares vinculados a altos funcionarios.
El contexto de un gobierno de transición
Francisco Sagasti asumió la Presidencia en noviembre de 2020, tras la crisis institucional generada por la destitución de Martín Vizcarra y la breve administración de Manuel Merino. Su gestión, que duró ocho meses, fue presentada como un gobierno de unidad y estabilidad democrática, pero estuvo marcada por cuestionamientos a la reorganización de la Policía Nacional luego de las protestas ciudadanas de ese periodo.
El retiro de los generales fue defendido por el entonces Ejecutivo como una “decisión técnica”, motivada por la necesidad de renovar la confianza pública en la institución policial. No obstante, el paso del tiempo y la revisión parlamentaria del caso han reavivado el debate sobre los límites entre decisión política y abuso de poder.
¿Qué se espera tras la citación judicial?
De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, la audiencia del 17 de noviembre servirá para definir la situación procesal de Sagasti y los exministros implicados. Si se determina que existen indicios razonables de responsabilidad penal, el caso podría pasar a etapa de investigación preparatoria con control judicial.
El expresidente, por su parte, no ha emitido declaraciones recientes sobre el tema, aunque en anteriores oportunidades sostuvo que su gestión actuó “con total transparencia y respeto al Estado de derecho”.