Plazo para informe final sobre denuncia contra designación de Daniel Salaverry
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, liderada por la congresista Lady Camones Soriano (APP), otorgó un plazo de cinco días hábiles a la congresista Patricia Chirinos para la presentación de su informe final sobre la Denuncia Constitucional 498. Esta denuncia está vinculada a la cuestionada designación de Daniel Salaverry Villa como presidente del directorio de la empresa estatal PERUPETRO S.A.
La denuncia fue presentada por el exfiscal de la nación interino Juan Carlos Villena Campana contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y el exministro de Energía y Minas Eduardo González Toro. Se les acusa de posibles delitos de negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal, conforme a los artículos 399 y 381 del Código Penal.
Contexto de la denuncia y defensa del exministro Eduardo González
La designación de Salaverry Villa se formalizó a través de la Resolución Ministerial 002-2022-EM, fechada el 9 de enero de 2022. Sin embargo, durante la audiencia realizada en la Subcomisión, el exministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, sostuvo que la elección de Salaverry se basó en la necesidad de contar con “un hombre de carácter, que sepa negociar” para liderar PERUPETRO. Además, aseguró que Salaverry nunca llegó a asumir formalmente el cargo, debido a que la junta de accionistas de la empresa no se reunió para aprobar su nombramiento.
“Nunca hubo mala intención en el nombramiento”, puntualizó González Toro, intentando despejar las sospechas en torno a la legalidad de la designación.
Improcedencia de otras denuncias constitucionales en la Subcomisión
Durante la quinta sesión ordinaria, que se realizó en la sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo, la Subcomisión también evaluó otras denuncias constitucionales que finalmente fueron declaradas improcedentes por mayoría.
Entre ellas, se rechazó la denuncia 427 presentada por la congresista Sigrid Bazán (BDP) contra Patricia Chirinos (Renovación Popular), por supuesta infracción al artículo 39 de la Constitución y posible tráfico de influencias, tipificado en el artículo 400 del Código Penal.
También se declaró improcedente la denuncia 535 contra los congresistas Roberto Kamiche Morante, Jorge Flores Ancachi (APP) y Luis Aragón Carreño (AP), por presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y cohecho pasivo impropio.
Otras denuncias desestimadas en sesión
La denuncia 578, presentada por varios congresistas de la bancada JP-VP-BM contra jueces supremos José Antonio Neyra Flores, Iván Salomón Guerrero López y Norma Beatriz Carbajal Chávez, fue también declarada improcedente. Esta acusación se basaba en una presunta infracción al artículo 139 de la Constitución.
De manera similar, la denuncia 590 contra el exministro de Educación Morgan Quero Gaime por discriminación fue desestimada. Esta denuncia se originó a raíz de unas declaraciones públicas controvertidas durante un evento en Piura.
Finalmente, la denuncia 638 contra el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga por posible tráfico de influencias fue igualmente declarada improcedente.
Importancia del caso Salaverry en el marco político y empresarial
La designación de Daniel Salaverry como presidente del directorio de PERUPETRO ha generado un debate significativo en el ámbito político y empresarial, dada la relevancia estratégica de la empresa para la gestión de recursos energéticos en el Perú.
La exigencia de un informe final y detallado por parte de la Subcomisión refleja la necesidad de mantener la transparencia y la legalidad en las decisiones que involucran altos cargos públicos y empresas estatales.
Además, este caso pone en relieve la función fiscalizadora del Congreso para prevenir posibles actos de corrupción o nombramientos irregulares que puedan afectar la administración pública y el interés nacional.
Próximos pasos en el proceso de denuncia constitucional
Con el plazo de cinco días hábiles otorgado para la presentación del informe final, la congresista Patricia Chirinos deberá analizar y presentar su propuesta basada en los antecedentes y pruebas recogidas durante las audiencias y debates.
Posteriormente, el informe será evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que podrá recomendar acciones legales, políticas o administrativas conforme a la gravedad del caso.
Este procedimiento es parte del sistema de control político del Congreso, que busca garantizar que los funcionarios públicos actúen conforme a la ley y respondan ante la ciudadanía por sus decisiones.