La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó este viernes varios informes de calificación, entre ellos, la admisión de dos denuncias constitucionales relevantes y la declaración de improcedencia de otras tres.
Con 14 votos a favor y dos en contra, se declaró procedente la Denuncia Constitucional (DC) 415 presentada por el ciudadano Tomás Aladino Gálvez contra los exmiembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ): Aldo Vásquez, Henry Ávila, Inés Tello, María Zavala, Imelda Tumialán, Humberto De La Haza y Guillermo Thornberry, por presunta infracción a la Constitución. No obstante, se declaró improcedente la acusación por delitos de función.
Asimismo, con 14 votos a favor y una abstención, se admitió a trámite la DC 472 contra el exfiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena, por presunta infracción constitucional y posibles delitos como abuso de autoridad, prevaricato, amenaza contra un poder del Estado, patrocinio ilegal y omisión de actos funcionales. La denuncia fue presentada por congresistas de diversas bancadas.
Otárola y su Gabinete: Denuncia rechazada
Por otra parte, con 11 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, la subcomisión declaró improcedente la DC 338 contra el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y su entonces gabinete, por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos el 9 de enero de 2023 durante protestas en el sur del país.
El informe concluyó que no se hallaron elementos suficientes que prueben la participación directa o negligencia de los denunciados, y que ocupar cargos ministeriales no basta para atribuir responsabilidad penal o constitucional.
Denuncia contra Pedro Castillo fue rechazada
La subcomisión también rechazó, por mayoría, la DC 536 interpuesta por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el expresidente Pedro Castillo Terrones. La denuncia, que señalaba el uso indebido de helicópteros del Ejército para viajes personales a Cajamarca, fue desestimada al no alcanzar los votos necesarios (7 en contra, 6 a favor).
Magistrados de la Corte Suprema no serán investigados
Finalmente, se declaró improcedente la DC 502 presentada por un ciudadano contra cinco magistrados de la Corte Suprema, entre ellos Javier Arévalo Vela, por presunta infracción constitucional y delitos como organización criminal, abuso de autoridad y falsedad ideológica. El informe concluyó que los hechos denunciados no se encuadran dentro de los tipos penales o constitucionales aplicables.