Ruth Luque propone que los funcionarios paguen por su defensa legal

Luque busca que los funcionarios sean responsables de cubrir los costos de su defensa legal cuando enfrentan procesos judiciales por presuntos actos ilícitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, evitando que el Estado siga asumiendo esos gastos.

por Edgar Mandujano

La congresista Ruth Luque Ibarra presentó un proyecto de ley en el Congreso de la República para eliminar el financiamiento público destinado al pago de abogados privados para la defensa de funcionarios del Estado. A través de la iniciativa N.º 10642/2024-CR, Luque busca que los funcionarios sean responsables de cubrir los costos de su defensa legal cuando enfrentan procesos judiciales por presuntos actos ilícitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, evitando que el Estado siga asumiendo esos gastos.

En su exposición, Luque criticó el uso de fondos públicos para defender a funcionarios involucrados en investigaciones por corrupción o abuso de poder. Como ejemplo, citó los casos recientes de ministros del Interior que recibieron millonarias sumas para su defensa, como el exministro Juan José Santiváñez, quien recibió S/ 311,000 en 2024, a cargo de los contribuyentes. Según la congresista, este tipo de gastos es inaceptable, especialmente cuando los funcionarios están siendo investigados por presuntos delitos cometidos mientras estaban en el cargo.

El proyecto también establece que, si un funcionario es hallado culpable, deberá reembolsar al Estado los costos de su defensa. Además, mantiene la posibilidad de que aquellos que no cuenten con los recursos suficientes para su defensa puedan acceder a la defensa pública, siempre que demuestren su situación económica o vulnerabilidad. Este enfoque busca garantizar la justicia, al tiempo que evita que los fondos públicos se destinen a la defensa de quienes podrían haber actuado de manera ilegal.

Actualmente, el proyecto está siendo evaluado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, y de ser aprobado, pasará al Pleno para su discusión. De esta manera, se espera generar un uso más responsable de los recursos públicos y promover una mayor transparencia en el manejo de los fondos del Estado.

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