Poder Judicial ordena suspender cobro de peajes
La empresa Rutas de Lima S.A.C. informó que suspenderá el cobro de peajes en las unidades de Villa y Punta Negra, tras la resolución del Poder Judicial que dispone la paralización inmediata de estas operaciones. La medida fue dictada en el marco de un proceso judicial relacionado con los contratos de concesión suscritos entre la empresa y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).
A través de un comunicado oficial, la concesionaria indicó que se allanará a la decisión judicial, pero advirtió que la medida “añade aún mayor arbitrariedad al trato recibido por parte del Estado peruano”, en referencia a las controversias legales que mantiene con la comuna capitalina desde 2020.
Según Rutas de Lima, la resolución judicial se emitió pese a que la reanudación del cobro en ambos peajes se dio “en estricta aplicación de los derechos que la amparan conforme al marco normativo aplicable”.
¿Qué implica la decisión judicial?
La suspensión de cobro afecta directamente a las casetas de peaje de Villa y Punta Negra, ubicadas en el tramo sur de la Panamericana, una vía estratégica para el tránsito de carga y pasajeros entre Lima y las provincias del sur.
La medida responde a una acción presentada por la Municipalidad de Lima que busca anular la reanudación del cobro, la cual había sido restablecida por Rutas de Lima luego de varios años de paralización. El fallo ordena detener las operaciones hasta que se resuelva el fondo del litigio sobre la validez del contrato de concesión.
Este nuevo capítulo del conflicto entre el Municipio de Lima y la concesionaria se produce en medio de una fuerte presión social y política por la eliminación de los peajes administrados por empresas privadas.
Rutas de Lima denuncia “trato arbitrario”
En su pronunciamiento, la empresa expresó su desacuerdo con la resolución del Poder Judicial, alegando que la decisión refuerza el trato desigual y arbitrario que ha recibido por parte del Estado peruano en los últimos años.
“Esta decisión judicial añade aún mayor arbitrariedad al trato recibido por parte del Estado peruano”, manifestó Rutas de Lima, que además recordó que sus operaciones se encuentran regidas por un contrato de concesión vigente, aprobado durante gestiones anteriores y supervisado por organismos competentes como Ositrán y ProInversión.
La concesionaria señaló que continuará evaluando acciones legales para salvaguardar sus derechos contractuales, al tiempo que cumplirá con las disposiciones judiciales mientras estén en vigor.
Peajes que seguirán operando con normalidad
Rutas de Lima precisó que la medida de suspensión no afecta a las demás estaciones de peaje que administra en la capital. En ese sentido, confirmó que las unidades de Huaylas, San Pedro, Arica y Quebrada Seca seguirán operando con normalidad, dado que no existe mandato judicial que disponga su cierre o paralización.
La empresa reiteró que estas operaciones son fundamentales para el mantenimiento y conservación de las vías concesionadas, así como para la seguridad vial en los tramos que integran la red administrada por la compañía.
¿Qué antecedentes tiene el conflicto por los peajes?
El conflicto entre Rutas de Lima y la Municipalidad de Lima se remonta a 2020, cuando el entonces alcalde Jorge Muñoz suspendió el cobro de peajes tras una serie de protestas ciudadanas que denunciaban supuestos perjuicios económicos y presunta corrupción en la firma de los contratos.
Desde entonces, la concesionaria ha presentado arbitrajes y demandas judiciales tanto en el Perú como en el extranjero, reclamando indemnizaciones por pérdidas económicas millonarias derivadas de la interrupción del cobro.
En 2024, la empresa anunció su intención de retomar las operaciones en algunos puntos del circuito vial tras obtener fallos favorables. No obstante, el nuevo mandato del Poder Judicial vuelve a poner en pausa sus actividades en los peajes del sur.
Pedido de seguridad ante posibles protestas
En su comunicado, Rutas de Lima también solicitó la intervención de la fuerza pública ante la posibilidad de que se registren movilizaciones o actos de violencia en las zonas donde se ubican las garitas suspendidas.
La compañía pidió que se garantice la integridad y seguridad de sus trabajadores, así como del personal operativo asignado a las estaciones de peaje, en previsión de eventuales manifestaciones por parte de transportistas o vecinos de los distritos del sur.
El llamado a la Policía Nacional se produce luego de que, en episodios anteriores, algunos grupos intentaran tomar las casetas o bloquear la vía Panamericana, lo que derivó en enfrentamientos y daños materiales.
Impacto económico y próximos pasos
El impacto de esta medida judicial se traducirá en pérdidas económicas para la concesionaria y en una posible afectación al mantenimiento de las vías concesionadas, advirtió la empresa. Sin embargo, las autoridades locales sostienen que el interés público y la defensa de los derechos de los usuarios deben primar sobre los beneficios contractuales de la compañía.
El caso continúa bajo evaluación del Poder Judicial, que deberá determinar si el contrato de concesión mantiene plena validez o si requiere una revisión integral en función de las observaciones formuladas por la MML y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Mientras tanto, la población de los distritos del sur de Lima —entre ellos Villa El Salvador, Lurín y Punta Negra— permanecerá libre del pago de peajes en sus accesos principales hasta nuevo aviso.