El presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro, reafirmó la defensa de las leyes aprobadas por el Parlamento, en particular la Ley 32107, referida a los delitos de lesa humanidad, y advirtió que no se puede tolerar que sectores del Poder Judicial se nieguen a aplicarlas, incurriendo —según señaló— en un desacato a la Constitución y al principio de separación de poderes.
Las declaraciones fueron brindadas tras conocerse recientes decisiones judiciales que, a juicio del titular del Legislativo, contradicen abiertamente una norma que ya fue ratificada por el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Carta Magna.
Defensa de la Ley 32107 y cuestionamientos al Poder Judicial
Rospigliosi sostuvo que el Congreso cumplió con su función constitucional al aprobar la Ley 32107 y que corresponde al Poder Judicial aplicarla sin objeciones políticas o ideológicas. En ese sentido, cuestionó que algunos magistrados hayan optado por ignorarla en casos concretos.
“He defendido y seguiré defendiendo las leyes aprobadas por el Congreso frente a magistrados politizados que se niegan a cumplirlas”, declaró, al calificar ciertas resoluciones judiciales como injustas, ilegales e inconstitucionales.
Entre los casos mencionados, el parlamentario citó la sentencia contra el coronel EP en retiro Roberto Villar Chamorro por hechos ocurridos en 1994, así como la permanencia en prisión de militares procesados por sucesos de 1988. También cuestionó que la Tercera Sala Penal se haya negado a aplicar la Ley 32107 en el caso de los marinos del Frontón, un proceso que se remonta a más de cuatro décadas.
Críticas por citaciones a militares de avanzada edad
Otro de los puntos abordados por Rospigliosi fue la citación al general Wilfredo Mori Orso, de 90 años, por hechos ocurridos en 1984. El presidente encargado del Congreso calificó esta situación como “absolutamente intolerable” y como un ejemplo de lo que considera un uso desproporcionado del sistema judicial.
“El Congreso dicta las leyes, el Ejecutivo las promulga y el Poder Judicial tiene la obligación de aplicarlas. El Poder Judicial no legisla”, enfatizó, al advertir que se estaría vulnerando el equilibrio entre poderes del Estado.
Sedapal, tarifas y cuestionamientos a la “planilla de oro”
En otro momento, Rospigliosi se refirió a la situación de Sedapal, empresa estatal que viene solicitando un incremento en las tarifas del servicio de agua potable, alegando una crisis financiera.
El titular del Parlamento sostuvo que el problema del acceso al agua en Lima y en otras ciudades del país es estructural y responde, en gran medida, al deficiente desempeño de empresas públicas bajo administración de los gobiernos locales. En ese contexto, cuestionó la existencia de privilegios laborales y altos salarios, conocidos como la llamada “planilla de oro”.
Según indicó, antes de trasladar el costo a los usuarios, es necesario revisar la eficiencia interna de la empresa y evaluar alternativas de gestión que permitan mejorar el servicio sin afectar a la población.
Asociaciones público-privadas como alternativa
Rospigliosi consideró que ha llegado el momento de evaluar seriamente las asociaciones público-privadas (APP) como una opción para cerrar brechas históricas en servicios básicos como el agua potable y el saneamiento.
A su juicio, este modelo podría contribuir a mejorar la calidad del servicio, atraer inversión y reducir las deficiencias que arrastran varias empresas estatales desde hace décadas.
Crisis política y llamado a un gobierno fuerte
Consultado sobre la coyuntura política y las investigaciones que involucran al presidente José Jerí, Rospigliosi reconoció que la inestabilidad política sigue siendo una constante en el país.
“En el Perú, de un día para otro, las cosas pueden cambiar”, señaló, al indicar que el escenario dependerá de si aparecen pruebas contundentes en las investigaciones en curso.
Finalmente, expresó su expectativa de que, a partir del 28 de julio, el país cuente con un gobierno fuerte, capaz de aplicar medidas firmes y restablecer de manera efectiva la división de poderes, como condición indispensable para enfrentar la crisis política e institucional.