El presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro, reafirmó la defensa del conjunto de leyes aprobadas por el Parlamento y exhortó a las autoridades del sistema de justicia a respetar de manera irrestricta el principio de división de poderes, en el marco del orden constitucional vigente. Sus declaraciones se produjeron durante un pronunciamiento ante la prensa en el Hall de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.
El titular del Poder Legislativo expresó su preocupación por recientes decisiones judiciales que, según indicó, estarían desconociendo leyes aprobadas por el Congreso y validadas por el Tribunal Constitucional (TC), generando un escenario de incertidumbre jurídica y tensión institucional.
Defensa cerrada de la Ley 32107
Durante su intervención, Rospigliosi puso especial énfasis en la Ley 32107, norma vinculada a los delitos de lesa humanidad, la cual —recordó— ha sido ratificada por el máximo intérprete de la Constitución. En ese sentido, cuestionó que algunos jueces no estén aplicando dicha legislación al momento de emitir sus resoluciones.
“El Congreso ha aprobado leyes que han seguido el procedimiento constitucional correspondiente y que, además, han sido respaldadas por el Tribunal Constitucional. No puede ser que se las desacate de manera flagrante”, señaló el parlamentario ante los medios de comunicación.
Rospigliosi sostuvo que el desconocimiento de una ley vigente no solo afecta la seguridad jurídica, sino que también debilita la institucionalidad democrática del país.
Casos judiciales que generan controversia
El presidente encargado del Congreso mencionó de manera expresa algunos procesos judiciales que, a su juicio, reflejan una aplicación inadecuada de la legislación vigente. Entre ellos, citó la sentencia emitida contra el coronel EP (r) Roberto Villar Chamorro, por hechos ocurridos en 1994.
Asimismo, hizo referencia al rechazo de los recursos presentados por la defensa del coronel EP (r) Alejandro Avendaño y otros acusados en el denominado caso Cayara, vinculado a sucesos registrados en Ayacucho en 1988. Según Rospigliosi, estas decisiones judiciales evidencian una interpretación que se aparta del marco legal aprobado por el Parlamento.
También mencionó resoluciones relacionadas con el caso El Frontón y la citación fiscal dirigida al general EP (r) Wilfredo Mori Orzo, de 90 años de edad, por hechos ocurridos en 1984, situación que —dijo— debería analizarse con estricta sujeción a la legislación vigente.
Llamado al respeto de la división de poderes
Rospigliosi enfatizó que la división de poderes es un principio esencial del sistema democrático y que su vulneración genera conflictos entre las instituciones del Estado. En ese contexto, recordó que el rol del Congreso es aprobar las leyes, el del Poder Ejecutivo promulgarlas y el del Poder Judicial aplicarlas conforme a la Constitución.
“Cada poder del Estado tiene funciones claramente definidas. El respeto a ese equilibrio es fundamental para el funcionamiento de la República”, sostuvo.
El parlamentario advirtió que el desconocimiento de las competencias de cada poder podría sentar un precedente negativo para la gobernabilidad y la estabilidad institucional.
Advertencia sobre la seguridad jurídica
En otro momento de su pronunciamiento, el titular del Legislativo alertó que la falta de aplicación uniforme de las leyes genera inseguridad jurídica, afectando tanto a los ciudadanos como a las instituciones. Señaló que este escenario podría tener consecuencias en la confianza en el sistema de justicia y en el respeto al Estado de derecho.
Rospigliosi insistió en que las decisiones judiciales deben emitirse dentro del marco constitucional y legal, evitando interpretaciones que contradigan normas vigentes y pronunciamientos del Tribunal Constitucional.
Mensaje final del Congreso
Finalmente, Fernando Rospigliosi reiteró su llamado a fortalecer el equilibrio institucional y a garantizar que las actuaciones de los distintos poderes del Estado se desarrollen con apego a la Constitución. Aseguró que el Congreso continuará defendiendo las leyes que aprueba y velando por el respeto al orden democrático.
“El país necesita estabilidad, seguridad jurídica y respeto a la institucionalidad. Eso solo es posible si todos los poderes del Estado cumplen su rol dentro del marco constitucional”, concluyó.