La tensión entre el Congreso y el Poder Judicial alcanzó un nuevo punto álgido. El congresista y primer vicepresidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi Capurro, presentó un pedido formal ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para destituir al juez Richard Concepción Carhuancho, figura clave en los procesos vinculados a los casos Odebrecht y Lava Jato.
Según Rospigliosi, el magistrado habría incurrido en prevaricato al desconocer la Ley 32107, norma que define el alcance de los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra en el Perú. Para el parlamentario de Fuerza Popular, la conducta del juez “vulnera el sistema republicano de la división de poderes” y genera un grave riesgo para la seguridad jurídica del país.
¿Por qué Rospigliosi acusa a Carhuancho?
El núcleo de la denuncia radica en el artículo 4 de la Ley 32107, que establece que los delitos de guerra y de lesa humanidad cometidos antes de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma y la Convención sobre Imprescriptibilidad se rigen por la legislación nacional. Esto implica que, para casos anteriores, existe prescripción.
Rospigliosi acusa a Concepción Carhuancho de ignorar esta norma y de continuar procesos que, según la ley vigente, no deberían proceder. “Estamos ante un juez que se burla del sistema jurídico y de las leyes aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo”, señaló el parlamentario en su escrito dirigido a la JNJ.
Un juez bajo la lupa
El nombre de Richard Concepción Carhuancho no es nuevo en la escena judicial peruana. Durante la investigación del Caso Odebrecht, el juez se hizo conocido por dictar prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otros altos dirigentes políticos. Sus decisiones le generaron tanto reconocimiento mediático como profundos enfrentamientos con el fujimorismo y sectores aliados.
La denuncia actual, sin embargo, abre un nuevo capítulo. Según Rospigliosi, este no sería un hecho aislado: “No se trata de un caso excepcional. Existen antecedentes de resoluciones anteriores en las que el magistrado ha mostrado un patrón sistemático de inaplicación de la ley”, sostiene el legislador.
Impacto político y judicial
La acusación contra Concepción Carhuancho ocurre en un contexto de creciente fricción entre el Congreso y las instituciones judiciales. Para Rospigliosi y su bancada, la actuación del juez representa un abuso de poder. Desde la otra orilla, diversos juristas advierten que este tipo de denuncias podrían constituir una presión política directa sobre los magistrados que manejan casos de alta sensibilidad.
La JNJ deberá ahora evaluar si abre un procedimiento disciplinario que podría derivar en la destitución del juez. De prosperar el pedido, se generaría un precedente inédito sobre los límites de la interpretación judicial frente a normas aprobadas por el Congreso.
Lo que está en juego
El caso no solo enfrenta a un legislador y a un juez; toca fibras profundas del Estado de derecho. Si la JNJ acepta el pedido, se abriría un debate sobre hasta dónde puede llegar la autonomía judicial cuando existen normas explícitas emitidas por el Parlamento. Por el contrario, si rechaza la solicitud, se reforzará la narrativa de que sectores políticos intentan amedrentar a jueces incómodos para determinados intereses.
Mientras tanto, Concepción Carhuancho guarda silencio y continúa al frente de investigaciones clave. La JNJ, por su parte, aún no fija una fecha para pronunciarse sobre el caso, pero se espera que la resolución marque un punto de inflexión en el delicado equilibrio entre poderes del Estado.
