Roberto Sánchez presenta proyecto de ley de reparación para víctimas de movilizaciones desde 2022

La iniciativa tiene también las firmas de los congresistas Francis Paredes, Sigrid Bazán, Susel Paredes, Jaime Quito, Hamlet Echeverría, Edgard Reymundo, Víctor Raúl Cutipa, Lucinda Vásquez, Ruth Luque y Alex Flores
El proyecto propone que se apruebe un marco jurídico que regule los mecanismos de reparación integral para los deudos de las personas fallecidas y las personas que sufrieron lesiones en las movilizaciones realizadas a nivel nacional a partir del 8 de diciembre del 2022. Foto Referencial.

El congresista Roberto Sánchez presentó un proyecto de ley que propone regular medidas de reparación integral para los deudos de las personas fallecidas y las personas que sufrieron lesiones en las movilizaciones realizadas a nivel nacional a partir del 8 de diciembre del 2022.

De acuerdo al Informe “Observaciones sobre la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas en Perú” de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

“De los 50 civiles muertos en el contexto de uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, 42 lo fueron por munición de arma de fuego. Como confirman los informes de las autopsias, 47 de los 50 civiles muertos recibieron disparos en la parte superior del cuerpo(cabeza, pecho, espalda y abdomen).”

El proyecto propone que se apruebe un marco jurídico que regule los mecanismos de reparación integral para los deudos de las personas fallecidas y las personas que sufrieron lesiones en las movilizaciones realizadas a nivel nacional a partir del 8 de diciembre del 2022.

La reparación integral busca restablecer la situación anterior a la violación de sus derechos humanos y la eliminación de los efectos que esta produjo, así como una indemnización como compensación por los daños causados. Asimismo, la reparación integral incluye: la Investigación de los hechos; rehabilitación física, psicológica o social; satisfacción mediante actos en beneficio de las víctimas y garantías de no repetición de que las violaciones a los derechos humanos no vuelvan a ocurrir.

El proyecto también señala que es obligación del Estado, investigar, identificar y sancionar a los responsables de las muertes y lesiones de las personas que ocurrieron en las movilizaciones mencionadas y plantea también que el Estado utilice los mecanismos legales pertinentes contra aquellas personas que sean encontrados culpables, con la finalidad de recuperar los gastos realizados en la implementación de medidas de reparación integral.