La controversia por la segunda vuelta presidencial llegó al sistema interamericano. El excandidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, presentó una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el propósito de que el organismo evalúe lo que considera una vulneración de sus derechos políticos durante el proceso electoral que dio como ganadora a Keiko Fujimori.
La petición sostiene que las autoridades electorales modificaron el procedimiento para el tratamiento de los votos emitidos por los peruanos en el extranjero al dejar de digitalizar las actas en los consulados, un mecanismo que —según Sánchez— se utilizó en la primera vuelta. A juicio de su defensa, ese cambio afectó el principio de seguridad jurídica e incidió en el resultado de la elección.
Finalidad de la medidad cautelar
La estrategia marca un nuevo capítulo en la disputa poselectoral. Tras el rechazo de los recursos presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Sánchez busca ahora que la CIDH otorgue medidas de protección mientras examina el caso. Sin embargo, la naturaleza de este mecanismo dista de convertirse en una instancia revisora de los resultados electorales.
Las medidas cautelares de la CIDH tienen como finalidad prevenir daños graves, urgentes e irreparables a los derechos humanos. No constituyen un recurso de apelación frente a las decisiones de los tribunales nacionales ni permiten, por sí mismas, suspender una proclamación presidencial o dejar sin efecto resoluciones emitidas por los órganos electorales de un país.
Ese aspecto resulta central para entender el alcance de la solicitud. Incluso si la Comisión decidiera admitir el pedido —una decisión que aún no ha tomado— ello no implicaría la paralización del proceso electoral peruano ni modificaría automáticamente la proclamación de la presidenta electa. La CIDH deberá evaluar primero si existen elementos suficientes para acreditar una situación excepcional que justifique su intervención.
Internalización de los conflictos electorales
El caso también reabre el debate sobre la internacionalización de los conflictos electorales. En los últimos años, distintos actores políticos de América Latina han acudido al sistema interamericano después de agotar los recursos internos, aunque la Comisión suele mantener un criterio restrictivo cuando las controversias se centran en la interpretación de normas electorales y no en violaciones manifiestas a derechos fundamentales.
Especialistas en derecho constitucional consultados por diversos medios consideran que las posibilidades de éxito de la solicitud son limitadas. Argumentan que la CIDH exige un estándar elevado para conceder medidas cautelares y que, en materia electoral, suele reconocer el margen de actuación de las instituciones nacionales, siempre que estas hayan ofrecido recursos efectivos y garantías mínimas de debido proceso.
La presentación de Sánchez, por tanto, tiene un efecto principalmente político y simbólico. Coloca el debate peruano en la agenda del sistema interamericano y mantiene vigente su cuestionamiento al proceso electoral, pero difícilmente alterará el calendario institucional. Mientras la Comisión analiza la admisibilidad del pedido, las autoridades electorales continúan con las etapas finales del proceso y la transición hacia el nuevo gobierno de Keiko Fujimori.