El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, calificó de “lamentable” la denuncia de agresión física que pesa sobre la congresista Kira Alcarraz (Podemos Perú). El incidente se produjo durante una intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el distrito de San Juan de Miraflores, cuando personal municipal procedía a ejecutar una orden de captura contra un vehículo de propiedad de la parlamentaria por una deuda tributaria de S/ 1,327.
Según información policial, Alcarraz habría interferido en el operativo y propinado una bofetada a un fiscalizador que registraba el procedimiento en video, siguiendo los protocolos de la institución. Tras el hecho, el trabajador presentó una denuncia en la comisaría del sector y fue derivado al médico legista para las evaluaciones de ley.
Un llamado al respeto de las normas
Reggiardo aseguró que la Municipalidad Metropolitana de Lima actuó bajo el marco legal y descartó cualquier tipo de exceso por parte del personal del SAT. “Invocar a las autoridades a que tengan cuidado de reaccionar de forma indebida, porque hay que cumplir con las normas. Si no se actúa de forma adecuada, hay que ser claros en reconocer cuando hay una falta y no sobreactuar”, manifestó el burgomaestre.
En una reflexión sobre el ejercicio de la función pública, el alcalde recordó la naturaleza temporal del poder. “Los cargos son efímeros. Las autoridades lo somos por un tiempo determinado y después seguimos siendo personas como cualquiera. Eso hay que tenerlo muy en cuenta”, subrayó, evitando entrar en una confrontación directa con la legisladora.
Antecedentes y proceso legal
No es la primera vez que la parlamentaria Kira Alcarraz se ve envuelta en situaciones de violencia; en ocasiones anteriores fue cuestionada por amenazar a miembros de la prensa. En este nuevo caso, fuentes policiales indican que, además de la agresión física, Alcarraz habría intentado utilizar su influencia llamando a un comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP) para solicitar apoyo durante la intervención administrativa.
Actualmente, el caso se encuentra bajo la jurisdicción de un juzgado de paz, donde se determinarán las responsabilidades legales de la congresista. Mientras tanto, la comuna limeña ratificó su respaldo al trabajador agredido y confirmó el envío de un informe detallado sobre las circunstancias del incidente.