Ante la ola de violencia y el asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz, diversas voces políticas y líderes de opinión están solicitando que el Gobierno de Dina Boluarte declare el estado de sitio en esa provincia de La Libertad. Esta medida, contemplada en la Constitución, se considera una de las más drásticas que puede adoptar el Ejecutivo frente a situaciones de extrema gravedad.
En el Perú, el estado de sitio es un régimen de excepción reservado para contextos como una invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente de que se produzcan. Su aplicación está regulada por el artículo 137 de la Constitución y permite al Estado suspender o restringir ciertos derechos fundamentales con el fin de restablecer el orden.
Entre las garantías que pueden ser restringidas están la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Es decir, bajo estado de sitio, las fuerzas del orden pueden realizar detenciones sin orden judicial, imponer restricciones al movimiento de personas y controlar reuniones o manifestaciones.
El decreto tiene una duración inicial máxima de 45 días, aunque puede ser prorrogado si el Congreso lo aprueba. Además, la declaratoria debe especificar de forma clara cuáles derechos no serán afectados durante el periodo de excepción. Aunque el Ejecutivo puede emitir el decreto, su alcance y duración están sujetos a control político y constitucional.
En casos extremos, el Ejecutivo también podría asumir facultades legislativas para actuar con mayor rapidez. Esto ocurre cuando el orden constitucional está seriamente comprometido y se requiere una respuesta inmediata. Sin embargo, la declaración del estado de sitio debe manejarse con responsabilidad, ya que limita libertades civiles esenciales.
