El pasado 14 de mayo, la Comisión de Trabajo aprobó el dictamen para eliminar a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, y reemplazarla con una comisión para proponer nuevas reformas. Es decir, desaparecer en la práctica la posibilidad de un sector público regido por meritocracia y mejor cumplimiento de los servicios públicos, que es el gran pasivo que mina sin parar la credibilidad del sistema democrático. El dictamen fue aprobado con los votos de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Bloque Magisterial y Perú Libre. La izquierda demuestra una vez más que la gestión no es su norte. Pero la derecha de Renovación Popular y Fuerza Popular se abstuvo, lo que da para pensar para cuando el debate llegue al pleno.
Servir fue fundado en 2008 y la limitación de sus resultados hasta hoy, expresa la falta de voluntad política para comprarse el pleito de tener mejores liderazgos públicos que, en consecuencia, ayuden a transformar la gestión. Eliminar la institución, sin embargo, no es la solución, que pasa más bien por fortalecerla.
CARETAS conversó con Janeyri Boyer Carrera, expresidenta Ejecutiva de Servir, que fue expectorada del cargo por el actual gobierno. Responde con conocimiento de causa y señal de alerta.
–¿Por qué ahora agarra viada el objetivo de eliminar Servir?
Tiene que ver con la dinámica con las organizaciones sindicales. Por eso la bancada de Perú Libre ha llegado a avanzar con la propuesta que viene rondando desde hace un tiempo. En mi gestión logramos contenerla, pero ahora hay un dictamen. La derecha está de acuerdo con la necesidad de la meritocracia. Durante la época de Castillo fue un soporte para que Servir no fuera disuelta y luego anexada al Ministerio de Trabajo, que era lo que buscaba Betssy Chávez. Ahora no depende del Ejecutivo, sino de las entrañas del propio congreso.
–Donde habrá que ver si es una moneda de cambio…
Así es, y qué de tan de vida o muerte es para las bancadas del Congreso.
–Desde su salida Servir ha tenido dos presidentes más y es una institución de bajo perfil. ¿Por qué la sacaron?
Vamos a los hechos como dicen los gringos. Durante mi gestión hicimos en febrero de 2022 el primer operativo para garantizar idoneidad entre los altos funcionarios y que cumplan con los requisitos mínimos para seguir en el cargo. Más de 200 personas fueron desvinculadas porque no cumplían los requisitos. Entre ellos 4 o 5 viceministros, incluyendo dos del Midis de Dina Boluarte. El segundo operativo fue en la segunda mitad del 22 y yo salí en marzo del 23. No se han vuelto a dar operativos de esa naturaleza. Lo segundo es que se trazó una estrategia que se canalizó en el decreto de urgencia de Punche Gerente, en enero del 23, para que todos los gerentes regionales pasen a Servir y se acompañe toda la ejecución pública. Lo tercero es que se presentó el proyecto de ley, DL 1602, que permitía simplificar los procedimientos y acelerar el tránsito a Servir. Pasaron cuatro entidades más, había como 90 realmente en camino, pero es fundamental el rol del MEF y la Presidencia de la República, para que haya celeridad y plata. Adicionalmente hicimos el primer congreso del servicio civil y se presentó otro PL para que Servir pueda gestionar prácticas preprofesionales descentralizadas, y capacitar a los mejores de las universidades de todo el país para que el Estado los pueda captar. No tengo claro cuáles son las agendas de los sucesores.
–El CAS se eliminó por ley pero en la práctica es la mayoría de los 1.4 millones de funcionarios.
Hay como 650 mil en regímenes generales y ese grueso son CAS. Del resto, la mayoría está en carreras especiales como diplomáticos, militares, profesores, enfermeras, médicos. El CAS era un régimen temporal que se volvió indeterminado. Hay muchos servidores CAS con más de 10 años y no les va a corresponder nada. Pero ahora los CAS también son inamovibles. No los pueden cambiar de regímenes.
–¿Cómo hacer un proceso exitoso de reforma del servicio civil en medio de este enredo?
La literatura comparada nos dice que se puede. La reforma es mucho más que una ley, es un cambio cultural, una forma de vivir la función pública. Que hagas un concurso realmente meritocrático, que la entidad consiga el personal que necesite. Se necesita experiencia en el sector público y liderar. Por eso se buscaba incorporar a los gobiernos regionales y locales en la batalla por la meritocracia, al menos entre directivos y gerentes que es una meta país. La ciudadanía quiere resultados. Si vas a una posta médica que te respondan, vayan a tu casa y te presten el servicio. Que no te entreguen el DNI tres meses después. De eso se trata el servicio civil. Si bien la reforma es súper ambiciosa y es como un gran elefante, de lo que se trataba era de poder adoptar acciones que pudieran generar hitos.
–¿Qué papel cumplen los sindicalizados?
La ley de negociación colectiva se publicó en mayo de 2021, en la época en la que Mirtha Chávez era presidenta del Congreso, pero no fue impulsada por el gobierno de Sagasti, que más bien la observó y la aprobaron por existencia. Esa ley flexibiliza la negociación colectiva y es bastante concesiva con las organizaciones sindicales, aunque ellos digan que no. Debe haber participación activa sobre todo del MEF para cautelar los recursos públicos. Tienen que haber parámetros para la renegociación. Obligan al Estado a negociar con ellos prácticamente cada año. Es un montón tomando en cuenta las experiencias comparadas. El nivel de sindicalización se ha disparado, en Educación hay como 32 sindicatos. Esa ley fue reglamentada con Gustavo Guerra García como viceministro de hacienda. Yo estaba allí y fue extenuante.
–¿Cómo hacer entonces que Servir funcione?
Lo primero es que Servir tenga dientes. No solamente recursos sino también la disposición de hacer supervisión. Tiene que existir la decisión y la voluntad política de hacerlo. Lo segundo es que Servir pueda estar en condiciones de hacer selección. Está tan desacreditado el acceso al sector público que la única forma de empezar a legitimarlo es que Servir tenga una participación en la que centralice algunos segmentos de directivos, o participar como veedor o supervisor de los concursos, no es tan bonito ponerlo de policía, pero siendo que las cosas funcionan cada vez menos… Un tercer elemento tiene que ver con la Contraloría. La no toma de decisiones entre los buenos funcionarios públicos es porque la Contraloría es demasiado restrictiva en sus acciones de control. Encuentran colusión por todos lados. Si firmas una adenda entonces la empresa paraliza todo. Los funcionarios temen los procesos sancionadores y la Contraloría toma la opinión de estudios y consultores. La actitud desproporcionada y a veces poco racional del control gubernamental también paraliza la gestión. Y el liderazgo es central. Si tienes un jefe que es bueno no te haces el muertito, marcas tu tarjeta y te vas. Por eso es tan importante tener buenos líderes, con brújula, agenda. Los especialistas en recursos lo llaman cultura institucional que parte siempre de las cabezas.
–¿Cómo influir más en Salud y Educación?
Los médicos y enfermeras están en carreras especiales. La ley del servicio civil aplica a los administrativos, que es la gestión. Lo que pasa es que los ministros del sector deben tener una alianza estratégica con Servir e incluso con el sector privado. Ampliar las competencias sería complejo por las estructuras que existen, pero es elocuente la era del ministro Jaime Saavedra en Educación, sin ir muy lejos compárala con el actual y su predecesora. Es un tema de gestión para que dejemos de ser un país de quinto mundo. Saavedra lo tenía muy claro, era una mirada crítica, puso el foco en la evaluación de docentes. El rol de Servir es más de alianza estratégica con los ministros. La gestión es la que te marca la cancha.