El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que tiene como uno de sus objetivos, sancionar el bloqueo de carreteras con una pena no menor de 10 ni mayor de 15 años de prisión.
Esta sanción se propone como una modificación al delito de extorsión. “El que, mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de servicios públicos (…) con el objetivo de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida o de cualquier otra índole, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 15 años”, dice la propuesta.
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La iniciativa del gobierno de Dina Boluarte fue presentada al Congreso el mismo día en que el Pleno tiene agendado debatir y votar la Ley de Terrorismo Urbano, que aumentaría las penas para los delitos de sicariato y extorsión.
De hecho, la propuesta legislativa del Ejecutivo también plantea aumentar las penas de cárcel para la extorsión (no menos de 15 ni más de 20 años de cárcel) y el sicariato (no menor de 30 años).
En el caso de los funcionarios con poder de decisión que participen en una huelga par obtener alguna ventaja, será sancionado con una pena no menor de 25 años de prisión ni mayor de 35 años.