El congresista no agrupado, Carlos Anderson, presentó un proyecto de ley que aumentará las penas para los delitos de concusión cuando este sea cometido por altos funcionarios del Estado, como el presidente de la República, congresistas, ministros, jueces, titulares de organismos públicos, entre otros.
Se propone que los funcionarios que abuse de su cargo, directamente o a través de terceros para tener beneficios patrimoniales sean sancionados con pena privativa de libertado no menor de ocho años ni mayor de 15 años e inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos.
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La propuesta legislativa nace a raíz del caso de los congresistas “mocha sueldo”, quienes obligaban al personal de su despacho a cederles una parte de su sueldo para que puedan seguir trabajando.
También se recogen datos de la Procuraduría Pública en Delitos de Corrupción, que hasta el 31 de diciembre del 2018 reportó que hubo 1610 denuncias por concusión a altos funcionarios del Estado.