La congresista María del Carmen Alva presentó un proyecto de ley que busca endurecer la lucha contra el crimen organizado, sancionando el préstamo, alquiler o cesión de cuentas bancarias y billeteras digitales con fines delictivos. La iniciativa incluye la verificación biométrica obligatoria para abrir cuentas y la modificación del régimen penitenciario de internos vinculados a organizaciones criminales, especialmente quienes cometen extorsión y sicariato.
El proyecto surge ante el crecimiento acelerado de la criminalidad organizada en el país, respaldado por estadísticas oficiales que muestran un incremento significativo de delitos violentos y fraudes digitales en los últimos años.
¿Qué plantea el nuevo delito de préstamo de cuentas?
La propuesta tipifica como delito autónomo el préstamo de cuentas con conocimiento de que serán usadas para cometer delitos, práctica conocida como “cuentas mula”, involucrada en más del 60% de los fraudes digitales investigados.
Las penas establecidas van de 10 a 15 años de cárcel, y se elevan hasta 25 años si la cuenta se utiliza en delitos graves como extorsión, sicariato o secuestro. Además, se contempla una inhabilitación para contratar servicios financieros por el mismo periodo.
Verificación biométrica obligatoria para apertura de cuentas
La iniciativa propone que toda apertura de cuentas bancarias, billeteras digitales o servicios financieros electrónicos requiera verificación biofacial y biométrica, incluyendo reconocimiento facial, huellas digitales o iris.
Según estimaciones de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), la medida podría reducir hasta un 80% los fraudes por suplantación de identidad. La SBS tendrá 90 días para emitir los protocolos técnicos e interoperabilidad con RENIEC y la Policía Nacional.
Modificación del régimen penitenciario
El proyecto incluye cambios en el Código de Ejecución Penal para clasificar a internos por extorsión o sicariato vinculados a organizaciones criminales en el Régimen Cerrado Especial, con medidas más restrictivas:
- Limitación del uso de teléfonos móviles
- Aislamiento de cabecillas de bandas
- Corte de comunicaciones que permitan continuar operando desde prisión
Datos que sustentan la iniciativa
Entre 2020 y 2023, las denuncias por extorsión aumentaron casi 900%, y solo entre enero y mayo de 2025 se reportaron 11,475 casos, un incremento del 22.5% frente al mismo período del año anterior.
En homicidios, la tasa creció un 74% en cinco años, y hasta septiembre de 2025 se habían registrado 1,513 casos, superando el total del año 2023.
El proyecto estima que su implementación podría generar ahorros de hasta S/ 30 millones anuales en prevención de fraudes, además de reducir pérdidas por extorsión y sicariato, que superan S/ 1,200 millones anuales según el INEI.
Implementación y coordinación interinstitucional
Se plantea que el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y SBS emitan las normas reglamentarias en un plazo máximo de 120 días. Asimismo, se creará una mesa técnica interinstitucional conformada por:
- Ministerio Público
- DIVIAC
- INPE
- SBS
- RENIEC
Esta mesa deberá presentar un informe al Congreso en un plazo de 180 días tras la aprobación de la ley, asegurando supervisión y cumplimiento de las nuevas disposiciones.
Rol de la ciudadanía y campaña de sensibilización
El proyecto contempla que el Ejecutivo desarrolle una campaña nacional de sensibilización para informar sobre las consecuencias legales de prestar o alquilar cuentas, promoviendo la corresponsabilidad ciudadana en la prevención del fraude financiero y la violencia delictiva.
La iniciativa busca advertir a los ciudadanos sobre los riesgos legales de convertirse en facilitadores involuntarios del crimen organizado, sin limitar el ejercicio legítimo de los servicios financieros.
Una respuesta integral al crimen organizado
Con estas medidas, la congresista María del Carmen Alva pretende ofrecer una respuesta integral:
- Tipificar un nuevo delito
- Endurecer la seguridad en servicios financieros
- Aumentar restricciones penitenciarias
- Coordinar la acción de diversas instituciones
- Concientizar a la ciudadanía sobre la prevención del delito
El proyecto se inscribe dentro de la agenda legislativa 2024–2025, con énfasis en reforzar el sistema legal y financiero frente al crecimiento de la criminalidad organizada en el país.