El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que su Procuraduría presentará una denuncia penal contra el expresidente Martín Vizcarra y una veintena de exfuncionarios de su gobierno, entre ellos la exviceministra Fiorella Molinelli, por las presuntas irregularidades en la concesión del aeropuerto de Chinchero (Cusco). El caso, vinculado a la empresa Kuntur Wasi, derivó en un arbitraje internacional desfavorable que obliga al Estado peruano a pagar más de 100 millones de soles.
¿Qué originó la denuncia?
El ministro de Transportes, César Sandoval, explicó que la medida se adopta tras la decisión de un tribunal en San Diego (Estados Unidos), que declaró en rebeldía al Perú por el incumplimiento del pago ordenado en el arbitraje. Según el titular del sector, este episodio representa “un daño tremendo al aparato estatal” que no puede quedar impune.
“Antes de que el Estado desembolse un solo dólar, corresponde dejar claro ante la ciudadanía quiénes son los responsables. Y todo empieza por el expresidente Martín Vizcarra, su exviceministra Molinelli y los funcionarios que intervinieron en la concesión”, enfatizó Sandoval en conferencia de prensa.
Las responsabilidades políticas y legales
El caso Chinchero se arrastra desde 2017, cuando el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, con Vizcarra como ministro de Transportes, impulsó la cuestionada adenda con Kuntur Wasi. Ese contrato fue luego resuelto, lo que llevó a la compañía a iniciar un arbitraje internacional contra el Estado peruano.
La Procuraduría del MTC sostiene que hubo mala gestión y decisiones irregulares que comprometen directamente a Vizcarra y a su entorno. Según Sandoval, la corrupción y los intereses particulares habrían primado sobre la defensa de los recursos públicos.
¿Qué pasará con la deuda?
Aunque el fallo obliga al Perú a pagar más de 100 millones de soles, el ministro reiteró que no autorizará el desembolso hasta que se agoten todas las vías legales. “La obligación existe, pero también existe la necesidad de que los responsables enfrenten la justicia”, sostuvo.
Sandoval señaló que el pago es inevitable en el corto plazo, pero insistió en que la denuncia busca sentar un precedente. “No se trata solo de dinero, sino de la credibilidad del Estado y de la lucha contra la corrupción que tanto daño le ha hecho al país”, remarcó.
Contexto político
La denuncia contra Vizcarra llega en un momento en que el expresidente enfrenta múltiples procesos judiciales, entre ellos los vinculados al caso Lava Jato y presuntos sobornos cuando fue gobernador regional de Moquegua. Esta nueva imputación se suma a un historial de cuestionamientos que mantienen su futuro político y legal en entredicho.
Mientras tanto, Fiorella Molinelli, exviceministra de Transportes y expresidenta de EsSalud, también arrastra procesos por presuntas irregularidades en su gestión. Su inclusión en la denuncia refuerza el alcance de la investigación.
¿Un nuevo capítulo del caso Chinchero?
La medida del MTC reabre un tema sensible: el fallido proyecto del aeropuerto internacional de Chinchero, símbolo de promesas incumplidas y de cuestionamientos sobre la transparencia en las concesiones de infraestructura.
El proceso penal contra Vizcarra y Molinelli aún deberá ser admitido por el Ministerio Público, que tendrá la tarea de determinar si existen elementos suficientes para formalizar acusaciones.
Lo cierto es que el debate sobre la responsabilidad política y penal en torno a las obras inconclusas y los arbitrajes perdidos sigue siendo un punto débil del Estado peruano.