Javier Pacheco, procurador general del Estado interino, decidió desactivar la Unidad Funcional para la Defensa Jurídica del Estado (UFDJE), encargada de manejar casos contra altos funcionarios, incluyendo aquellos que involucran a la presidenta Dina Boluarte y al premier Alberto Otárola.
Este organismo había sido creado por el procurador titular Daniel Soria en enero debido a la complejidad y el alto impacto de las investigaciones. Sin embargo, bajo la gestión de Pacheco, la unidad ha sido anulada con la justificación de «optimizar los recursos y esfuerzos en la defensa jurídica de los intereses del Estado».
De acuerdo al comunicado, se busca centralizar y consolidar los recursos especializados en la defensa de estos casos, permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de estrategias procesales y la capacidad de adaptarse rápidamente a las demandas cambiantes.
En la práctica, esto implica que la responsabilidad de formular denuncias o impugnar resoluciones en procesos relacionados con altos funcionarios recaerá exclusivamente en Pacheco.
Entre los casos que anteriormente manejaba la UFDJE se encuentra la investigación sobre Dina Boluarte y Alberto Otárola por las muertes en protestas, así como el proceso contra el premier por el caso Aionia.
