El nombre de Roger Arévalo Ramírez vuelve al centro del debate público en un momento crítico para Petroperú. A pocos días de asumir la presidencia del directorio de la empresa estatal, han resurgido cuestionamientos en torno a una denuncia por presunto acoso sexual presentada en su contra en 2019, así como a otras investigaciones fiscales en curso.
La denuncia fue interpuesta en septiembre de ese año por una joven de 20 años en la comisaría de San Isidro. Según el parte policial, los hechos habrían ocurrido semanas antes dentro de una oficina del mismo distrito, donde la denunciante trabajaba.
De acuerdo con el documento, Arévalo —quien entonces tenía 74 años— habría realizado actos como abrazos, caricias en el rostro, tocamientos y besos en la mejilla sin consentimiento. El testimonio también señala que no se trató de un hecho aislado. En particular, se menciona un episodio ocurrido el 12 de septiembre, en el que el denunciado habría besado a la joven en el cuello, lo que refuerza la versión de una conducta reiterada en el entorno laboral.
La denunciante sostuvo que no acudió de inmediato a las autoridades debido al miedo y la ansiedad que le generó la situación. Esta declaración quedó registrada en el atestado policial que fue remitido a la Policía Nacional.
Actualmente, el caso continúa en investigación en el Tercer Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima, donde Arévalo figura como investigado. Según los registros disponibles, el proceso permanece en estado pendiente.
A este caso se suma otra investigación fiscal en la que también aparece su nombre: el denominado “Los árbitros de Odebrecht”. De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, Arévalo habría integrado esta presunta red como perito, elaborando informes que habrían favorecido a la constructora brasileña en arbitrajes vinculados al proyecto Interoceánica Sur.
En paralelo, también se han señalado sus vínculos familiares. Es tío de Hugo Chávez Arévalo, exgerente de Petroperú durante el gobierno de Pedro Castillo, quien fue investigado por presuntas irregularidades en la compra de biodiésel y supuestos pagos para acceder al cargo.
En cuanto a su trayectoria, Arévalo ha ocupado diversos cargos en el sector público. Fue viceministro de Minas durante el segundo gobierno de Alan García, además de desempeñarse como asesor en el Ministerio de Energía y Minas y en el Congreso. También presidió el Banco Minero del Perú y fue asesor principal de Centromin Perú.
Su reciente designación se produce en un contexto delicado para Petroperú, marcado por problemas financieros y cuestionamientos a su gestión, lo que ha intensificado el escrutinio sobre las decisiones en su alta dirección.