El congresista José Luna Gálvez presentó el Proyecto de Ley 10228, que propone que las operadoras de telecomunicaciones sean responsables de impedir el uso ilegal de sus servicios para realizar llamadas extorsivas desde los penales. La iniciativa sugiere que empresas como Claro, Movistar, Bitel y Entel retiren las antenas de telefonía móvil o satelital que se encuentran alrededor de las cárceles, un área crítica para evitar las comunicaciones delictivas.
El proyecto también plantea que las operadoras adopten mecanismos para bloquear las comunicaciones ilegales desde los centros penitenciarios y juveniles, colaborando con el Ministerio del Interior y el INPE para implementar sistemas de seguridad más efectivos. Esto busca frenar las extorsiones y aumentar la seguridad en el país, ante el creciente índice de crímenes violentos relacionados con las llamadas desde las prisiones.
A pesar de las restricciones que afectarán a las zonas cercanas a los penales, la propuesta subraya que se garantizarán los derechos de telecomunicaciones para las comunidades cercanas. Sin embargo, se prioriza la seguridad de los ciudadanos, especialmente en áreas de alta peligrosidad donde la criminalidad ha aumentado considerablemente.
El proyecto también plantea una modificación del Decreto Legislativo 1688, que regula las sanciones y responsabilidades de las empresas de telecomunicaciones frente a las comunicaciones ilegales. Además, establece un plazo máximo de 24 horas para que las operadoras entreguen información sobre los titulares de los dispositivos móviles y las llamadas realizadas a solicitud de las autoridades competentes.
