El congresista Fernando Rospigliosi intensificó su presión sobre el Poder Judicial al solicitar que se sancione a los jueces que no apliquen la Ley 32107, norma aprobada en 2024 que abre la posibilidad de que delitos de lesa humanidad prescriban si fueron cometidos antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma en 2002.
La solicitud fue presentada mediante un oficio dirigido a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, a cargo de Roberto Palacios, en el que el parlamentario exhorta a actuar de oficio contra magistrados que inapliquen dicha norma.
Oficio pide sanciones contra jueces que no apliquen la Ley 32107
En el documento, Rospigliosi sostiene que el Tribunal Constitucional (TC) declaró la constitucionalidad de la Ley 32107 y exhortó a que sea aplicada por todos los órganos jurisdiccionales.
“El Tribunal Constitucional (…) ha emitido un pronunciamiento expreso mediante el cual ha declarado la constitucionalidad de la Ley 32107, exhortando que dicha norma debe ser aplicada por todos los órganos jurisdiccionales”, señala el oficio enviado al órgano de control.
El legislador afirma que existen jueces que estarían emitiendo resoluciones que desconocen o contradicen la ley, lo que —según advierte— podría configurar responsabilidades funcionales y afectar la seguridad jurídica.
Choque con estándares internacionales de derechos humanos
Pese a lo señalado por el congresista, el Perú es Estado parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que obliga a los jueces a interpretar y aplicar las normas internas conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Diversas entidades, como el Ministerio Público, el Colegio de Abogados y organizaciones de derechos humanos, han advertido que la Ley 32107 podría contravenir el principio de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad reconocido en tratados internacionales.
Caso Polay Campos marcó precedente judicial
En marzo del año pasado, un juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó aplicar la Ley 32107 en el proceso contra el líder del MRTA, Víctor Polay Campos, y otros imputados.
El magistrado sostuvo que la norma podría generar impunidad y contraviene la imprescriptibilidad de los crímenes graves. Aunque la defensa de Polay invocó la ley para solicitar la prescripción, el juez determinó que el marco constitucional permite ejercer control difuso para inaplicarla en casos concretos.
¿Qué establece la Ley 32107?
La Ley 32107, aprobada por el Congreso en agosto de 2024, señala que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra solo son aplicables a hechos ocurridos a partir del 1 de julio de 2002, fecha en que entró en vigor el Estatuto de Roma en el Perú.
Para los hechos anteriores, la norma remite a los plazos de prescripción del Código Penal de 1991, lo que ha generado un amplio debate jurídico y cuestionamientos sobre su compatibilidad con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano.