El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén Olaya, criticó la facilidad con la que el sistema de justicia imparte prisión preventiva contra diversos procesados, y cuestionó que muchas veces, tras 36 meses de privación de libertad, los fiscales no realizan la acusación ni han iniciado un juicio.
“Estoy totalmente en contra de la prisión preventiva y lo vengo diciendo desde hace tiempo. En el Perú tenemos un estándar de libertad muy malo. Hay que tener presente la gravedad de los crímenes y ser más rigurosos para dictar prisión preventiva”, manifestó.
El titular de la PCM también expresó que se deben evaluar diversos criterios como la identidad de la persona y sus antecedentes, y cuestionó que falencias del Estado, como la falta de vigilancia en las fronteras, sean motivo para privar a un ciudadano de su libertad.
Con relación a la ley que precisa los alcances del delito de lesa humanidad, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) refirió que lo que ocurrió antes de que entrase en vigencia el Estatuto de Roma en el Perú no podía ser tipificado de esa manera porque no formaba parte de nuestro ordenamiento jurídico.
“Esta ley no promueve la impunidad en tanto que los crímenes ya han sido juzgados. En ese sentido, si hay tantas discrepancias con respecto a esta ley, el Tribunal Constitucional es el espacio en el que se puede discutir su constitucionalidad”, añadió.