El Poder Judicial dictó sentencias de prisión efectiva contra tres exfuncionarios del Gobierno Regional del Callao y el productor musical Nilver Huarac por irregularidades detectadas en las ediciones 2017 y 2018 del festival Chimpún Callao. El Ministerio Público informó que el esquema corrupto permitió al empresario beneficiarse indebidamente con más de S/ 440,000 provenientes de la venta de entradas, un dinero que debió ingresar a las cuentas públicas del Estado.
El esquema de fraude en el festival
La investigación, liderada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, reveló que los exgerentes regionales María Ramos y Cristian Hernández, junto al exjefe de Logística Juan Solís, omitieron intencionalmente regular el cobro de boletos en los contratos de organización. Esta negligencia deliberada permitió que Nilver Huarac recaudara masivamente el dinero de las entradas a un evento financiado íntegramente por el Gobierno Regional. A pesar de que la entidad publicitaba los costos de ingreso de manera oficial, los montos nunca habrían llegado a las arcas regionales, presuntamente priorizando intereses particulares sobre el presupuesto público.
Sentencias y reparación civil
Como resultado del juicio oral, el juez impuso una condena de nueve años de prisión efectiva a Nilver Huarac en su calidad de cómplice primario del delito de colusión agravada. Por su parte, los exfuncionarios Ramos, Hernández y Solís recibieron una pena de seis años de cárcel. Además de la privación de la libertad, los cuatro sentenciados han sido inhabilitados para ejercer cargos públicos por periodos de entre seis y diez años. Asimismo, deberán pagar de forma solidaria una reparación civil que asciende a S/ 568,708 a favor del Estado para resarcir el perjuicio económico ocasionado.
Estado actual de la ejecución de la pena
Por el momento, la ejecución de la pena de cárcel se encuentra suspendida provisionalmente hasta que el fallo sea ratificado en una segunda instancia. Durante este periodo, los implicados deberán cumplir estrictas reglas de conducta, como la prohibición de ausentarse de su lugar de residencia y la obligación de comparecer mensualmente ante el juzgado para informar sobre sus actividades. El incumplimiento de cualquiera de estas normas facultaría a las autoridades a revocar la suspensión y ordenar el ingreso inmediato de los condenados a un centro penitenciario.