El Poder Judicial a través del Juzgado Constitucional Permanente de Huancayo rechazó el recurso de habeas corpus presentado por la defensa del prófugo de la justicia Vladimir Cerrón Rojas, que buscaba anular la sentencia a tres años y seis meses de cárcel que dictó la juez Doris Cajincho, en su contra por delito de colusión, el pasado viernes 6 de octubre. Donde también se impuso el pago de reparación civil de S/ 800,000 y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de tiempo.
Con este recurso, se buscaba declarar la nulidad de la referida sentencia en el extremo que rechazó el pedido de prescripción planteado por la defensa del Vladimir Cerrón al amparo de la Ley 31751, también conocida como la Ley Soto, y se ordene a la Sala Penal emitir un nuevo pronunciamiento.
Por su parte, el abogado Luis Mayhuay, señaló que su defendido Cerrón Rojas no se entregará a las autoridades hasta que el Poder Judicial resuelva el recurso de casación, el cual se presentó ante la sentencia de 3 años y 6 meses de prisión en contra del fundador de Perú Libre por el caso ‘Aeródromo Wanka’.
«Estamos a la espera de las respuestas de la Sala Penal de Apelaciones, cuando califique nuestro recurso, si nos deniega o nos acepta, será determinante para la toma de decisiones, también la recomendación jurídica que corresponda al caso», precisó Mayhuay a Canal N.
El líder de Perú Libre continúa prófugo de la justicia luego que el Juzgado Constitucional Permanente de Huancayo lo sentenciara a prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka en 2014.
Caso Aeródromo Wanka
Este acto ilícito se confirmó con la suscripción del contrato de fecha 4 de junio del 2014, el que obligaba al Gobierno Regional de Junín a realizar el pago del 0,5% del monto de la inversión al contratista, propuesto con la declaración de interés de la iniciativa privada que ascendía a S/2´018,180.
Según las pesquisas, el contrato se realizó omitiendo los pronunciamientos de la Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y trasgrediendo la Ley Marco de Asociaciones Público Privadas, pues lo hicieron sin realizar la consulta pertinente al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y sin contar con la autorización de la Autoridad Aeronáutica Civil.
Además, modificaron la autosostenibilidad del proyecto, situación que afectó la transparencia y legalidad del mismo, que puso en riesgo el uso de recursos públicos para hacer rentable un proyecto que, desde el momento de su propuesta, resultaba sostenible.
