El juez Leodan Cristóbal Ayala declaró improcedente un pedido de la Procuraduría Especializada en Delitos de Terrorismo para incorporarse como parte agraviada, al proceso que se sigue en contra de Rocío Leandro Melgar alias “camarada Cusi”, detenida por, presuntamente, promover las protestas antigubernamentales en enero del 2023.
La decisión implica que la Procuraduría no podrá pedir una reparación civil de S/ 500 000 a favor del Estado en caso de que la justicia sentencie a la expresidenta del Frente de Defensa de Ayacucho (Fredepa) por presunta afiliación al terrorismo.
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La Procuraduría sustentó su solicitud en los más de S/ 109 millones que ha invertido el Estado en la lucha contra el terrorismo desde el 2012 al 2020 y los presuntos ilícitos que habría cometido “Cusi” en Huamanga desde agosto del 2022 hasta enero del 2023. Sin embargo, el juez observó que “no se aprecia cuál es la relación o justificación” de estos sustentos.
El magistrado consideró que la Procuraduría solo puso un monto “al azar” y sin ninguna justificación objetiva, ya que los datos de la defensa jurídica del Estado ni siquiera alcanzan la época en la que Rocío Leandro habría cometido los delitos que se le imputan.